Bachelet urge no usar al covid-19 como pretexto para violar derechos humanos

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reprobó la aplicación de medidas restrictivas y punitivas que han tomado algunos gobiernos bajo el pretexto de contener la pandemia de covid-19.

“Hemos visto cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes en que los gobiernos parecen haber usado la covid-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertados fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, declaró Bachelet.

Al cachear que los Estados “necesitan poderes adicionales” para contraponer la pandemia, Bachelet advirtió que “si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado”.

En un pronunciamiento fechado en Ginebra, la expresidenta de Chile rechazó que la emergencia sanitaria mundial sea usada “para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”, por lo que alentó a que a que “las restricciones sean necesarias y no discriminatorias”, de duración limitada y “acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo”, focalizadas a afrontar la pandemia.

Al cachear que el derecho internacional de derechos humanos reconoce las facultades de los Estados para confinar algunos derechos para proteger la vitalidad pública, Bachelet recordó que en ninguna circunstancia es válido atropellar contra la vida, cometer actos de tortura y malos tratos o ser detenido arbitrariamente.

“Numerosas denuncias procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento y los toques de queda. A menudo, estas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables”, apuntó Bachelet.

La Alta Comisionada consideró como “una respuesta inaceptable”, que bajo el pretexto de violar toques de queda, se dispare o detenga a personas, algunas de ellas en “en busca desesperada de alimentos”, o en indagación de atención médica, registrándose casos en que “la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles”.

Bachelet calificó el toque de queda impuesto en varios países como una praxis “insegura e innecesaria”, toda vez que las personas que no respetan la medida, son llevadas a cárceles y prisiones, que en estos momentos “son lugares de alto riesgo, y los Estados deben esforzarse por ponen en libertad a todos los reclusos que puedan ser excarcelados sin peligro, y no por arrestar a más gente”.

La representante de la ONU alertó sobre los riesgos de utilizar normas “para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores”, siendo válidas medidas de límite de atrevimiento de movimiento y celebración de reuniones pacíficas, considerando fundamentales “la confianza y el escrutinio de la población”.

La Alta Comisionada destacó que, si admisiblemente debe contrarrestarse la desinformación, “cuando se impide el libre intercambio de ideas e informaciones, no sólo se violan derechos, sino que también se socaba la confianza pública”.

Agregó que ciertamente “los infundios” acerca de la pandemia “son un enorme peligro para las personas”, pero además lo son “las malas decisiones gubernamentales”, por lo que la violación de derechos como la atrevimiento de expresión, “pueden causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener a la covid-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas”.

Para evitar abusos de poder, la Alta Comisionada recomendó someter las medidas excepcionales para afrontar la pandemia a los poderes legislativo y constituyente, así como a la opinión pública, para avalar el sentido humanitario de las medidas aplicadas y que las sanciones que se impongan no sean arbitrarias ni discriminadoras.

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