Invalida SCJN Ley Bonilla

En sesión de 11 de mayo de 2020, realizada vía remota, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que es

inconstitucional el Decreto 351 de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mediante el cual se amplió el periodo del Gobernador electo en esa entidad en 2019, de dos a cinco primaveras.

El Pleno determinó que dicha modificación, la cual fue realizada con posterioridad a la votación, violó diversos principios fundamentales del sistema tolerante mexicano, como son: los principios de certeza electoral, rectitud y seguridad jurídica; las bases constitucionales de la estructura política de los Estados; el derecho a sufragar y ser votado en condiciones de autogobierno e igualdad; así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes.

Las Ministras y los Ministros recordaron que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución General las leyes electorales deben publicarse 90 días antaño de que comience el proceso electoral y que no puede ocurrir modificaciones fundamentales durante éste; por lo que, al ocurrir modificado el periodo del administrador electo una vez que culminó el proceso electoral, el Constituyente restringido incurrió en un fraude a dicho mandato.

Asimismo, el Pleno señaló que la reforma impugnada constituyó una clara violación al principio de soberanía popular, así como a la voluntad militar de los ciudadanos de Baja California, la cual fue expresada en las urnas el día de la votación, pues el día que ésta se realizó la norma válido establecía que el plazo sería de dos primaveras y no cinco.

En cuanto a los bienes, el Pleno señaló que como consecuencia de la invalidez del Decreto de reforma deberá tener aplicación el artículo transitorio en su redacción innovador, el cual señala que “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

Por final, la SCJN precisó que todos los actos o normas que hubieren derivado de la aplicación de la reforma deberán considerarse inválidos por derivar de una norma inconstitucional.

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