Regidores del municipio de Singuilucan, en el estado de Hidalgo, han solicitado formalmente al Órgano Interno de Control que inicie una investigación administrativa en contra del síndico procurador hacendario, Donato de Jesús Ramírez Olvera. La petición surge después de que se difundiera un video en redes sociales y medios de comunicación en el que el funcionario aparece presuntamente amenazando a un grupo de jóvenes en el centro de la cabecera municipal.
Detalles del incidente
Según el escrito presentado ante el titular del órgano de control, los hechos habrían ocurrido la noche del 30 de mayo, durante un altercado registrado afuera de un establecimiento en el marco de la Feria del Señor de Singuilucan. En el video, que se ha vuelto viral, se observa al síndico amenazando de muerte a los jóvenes, lo que ha generado indignación y exigencias de justicia por parte de la ciudadanía.
Solicitud de investigación
Los regidores han solicitado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido. Entre las peticiones específicas se incluye la recolección de pruebas, testimonios y demás elementos de convicción que permitan determinar la veracidad de los hechos. Asimismo, se ha solicitado revisar la actuación de los policías municipales que presuntamente estuvieron presentes durante el incidente, sin intervenir de manera adecuada.
En el documento, los regidores argumentan que, de confirmarse las conductas señaladas, estas podrían ser incompatibles con los principios de legalidad, imparcialidad, respeto y responsabilidad que deben regir el actuar de todos los servidores públicos. Por ello, se ha pedido que, en caso de acreditarse responsabilidades administrativas o legales, se dé vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a la ley.
Silencio oficial
Hasta el momento, el ayuntamiento de Singuilucan no ha informado públicamente si la investigación solicitada ya fue iniciada. Tampoco se ha dado a conocer una postura oficial del síndico respecto al contenido del video, lo que ha generado incertidumbre entre la población. Se espera que en los próximos días las autoridades correspondientes emitan un comunicado oficial para informar sobre el avance de las diligencias.
Este caso ha puesto en el centro del debate la conducta de los funcionarios públicos en Hidalgo y la necesidad de garantizar que quienes ocupan cargos de representación actúen con rectitud y respeto hacia la ciudadanía. La investigación administrativa podría derivar en sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución del cargo, dependiendo de las pruebas que se recaben.
