La coyuntura actual en México es inmejorable para los extorsionadores profesionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Por un lado, el país se prepara para inaugurar un torneo internacional de fútbol con la atención mundial puesta en él. Por otro, el gobierno ha renunciado al uso de la fuerza pública para evitar los bloqueos que la CNTE planea para boicotear el evento.
El fantasma del 68
El trauma del 68 está grabado en el ADN de todos los políticos mexicanos. Ninguno quiere ser comparado con Gustavo Díaz Ordaz, quien reprimió al movimiento estudiantil en vísperas de los Juegos Olímpicos de ese año, dejando decenas de muertos, heridos y encarcelados. Este temor es aún más intenso para los políticos de izquierda que hoy gobiernan, quienes se ven como herederos de aquellas protestas que terminaron en las masacres de Tlatelolco en 1968 y el Halconazo de 1971.
La propia Presidenta ha declarado: “Quieren que caigamos en una represión en la antesala del Mundial, no vamos a caer en la provocación. Si no somos Díaz Ordaz”.
El dilema de la fuerza pública
Nadie desea que el Estado reprima manifestaciones, pero tampoco puede renunciar a intervenir para defender los derechos de terceros afectados. En todas las democracias, la policía protege la integridad física de las personas y evita daños graves a la propiedad. Una cosa es la brutalidad de Díaz Ordaz usando militares para disparar contra estudiantes, o la de Echeverría con paramilitares golpeando manifestantes con varas de bambú, y otra muy distinta es el uso razonable de la fuerza pública en protestas callejeras.
En Francia, durante las protestas de los “chalecos amarillos”, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y detenciones masivas cuando hubo violencia y destrucción de propiedad. En Alemania, se permiten marchas y bloqueos temporales, pero se interviene rápidamente ante actos violentos o riesgos para terceros. En Estados Unidos, donde los tribunales protegen firmemente la libertad de expresión, se permite dispersar manifestaciones violentas que bloquean infraestructura crítica o desobedecen órdenes legítimas.
Estos tres países son democracias liberales donde el Estado protege la protesta pacífica, pero también salvaguarda los derechos de terceros. Si ambos derechos entran en conflicto, se utiliza la fuerza pública siempre que sea necesaria, proporcional y estrictamente regulada.
Principios internacionales
Estos tres conceptos son pilares del derecho internacional sobre el uso de la fuerza por parte del Estado, basados en los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego (1990) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Fuerza necesaria: La autoridad debe intentar o considerar medidas menos intrusivas antes de recurrir a la fuerza, como dialogar, emitir advertencias, ofrecer rutas alternativas y fijar plazos razonables.
- Fuerza proporcional: La respuesta estatal no debe ser excesiva respecto a la conducta que busca controlar. Por ejemplo, usar barreras físicas y técnicas de contención si los manifestantes empujan vallas, pero no disparar armas letales si solo lanzan pintura.
- Fuerza estrictamente regulada: Deben existir protocolos con reglas claras sobre cuándo intervenir, qué medios usar y quién autoriza la operación. Los agentes deben ser identificables y estar supervisados por mandos responsables. Si hay lesiones o muertes, deben investigarse.
El modelo de escalera
En las democracias avanzadas se aplica el modelo “escalera” del uso de la fuerza: presencia policial, comunicación y advertencias, contención física, técnicas de control no letales, medios menos letales en casos excepcionales, y fuerza letal solo ante amenaza fatal inminente. La idea es subir gradualmente estos peldaños, no saltar a niveles más altos.
¿Por qué no funciona en México?
La pregunta es: ¿por qué no podemos tener algo similar en México? ¿Por qué los políticos son tan reacios a utilizar la fuerza pública? La respuesta es simple: las policías no están entrenadas para el uso necesario, proporcional y estrictamente regulado de la fuerza. Al no estar capacitadas, terminan cometiendo abusos políticamente costosos.
Esta situación es aprovechada por los extorsionadores profesionales, que llevan todas las de ganar cuando el Estado renuncia a uno de sus poderes legítimos. Nadie lo sabe mejor que la CNTE, que mantiene en jaque al gobierno de Sheinbaum en vísperas de la inauguración del Mundial.
