Un juez puede prohibirles que paguen, aun al SAT

Los dueños de negocio deben abonar al SAT sus impuestos.

Lo ordena la Constitución, la jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y exactamente el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No hay discusión.

Empecemos por dueños de restoranes y de hoteles o bien mercaderes.

Muchos dueños no pueden abonar por el hecho de que no son una parte de la lista de los empresarios más ricos de este país, no tienen fortunas y el día de hoy no tienen flujo.

Para estas personas que defienden su establecimiento diariamente, acá hay un mensaje: recuerden que el gobierno de este país se conforma de 3 poderes y el Poder Judicial ofrece un recurso que puede resguardarlos de forma rápida y hasta el momento en que reabran las puertas de locales y oficinas.

Se llama concurso mercantil y el día de hoy puede ser la diferencia entre salvar o bien dejar fallecer la compañía.

Este escudo aun tiene la fuerza, conforme especialistas, para detener cobros del SAT y si la solicitud de protección coincide con una epidemia como la que ataca el día de hoy a la gente, la venia para un perdón fiscal procede aun de los presentes ocupantes de Palacio Nacional.

Vayan a Google y procuren el Código Fiscal de la Federación.

El artículo 146-B dice: “Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento”.

¿El requisito?Que festejen un acuerdo con sus acreedores en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

A lo que aspiran es a una condonación legal.A partir de la sentencia de concurso mercantil emitida por un juez, les va a ser impedido el pago a sus acreedores y hasta el momento en que finalice la etapa de conciliación, el SAT no va a poder ejecutar legalmente los créditos fiscales, explica Daniel Ibarra, líder del bufete de abogados Ibarra Sánchez & Pavía, basado en la Ciudad de México, especialista en la materia.

Una vez pasado ese proceso que con regularidad dura meses, la ley deja que el SAT conceda un descuento sobre sus adeudos equivalente al arreglo al que llegaron con otros acreedores.

Como referencia: a lo largo de la crisis reventada por Lehman Brothers, ciertos pactos alcanzaron quitas de cerca de 70 por ciento sobre los adeudos, en México.

Ahora, el gobierno de López Obrador dejó en claro que va contra las condonaciones fiscales. Con justa razón en casos de abuso.

Tan claro, que al comienzo del año logró que fuera aprobada una reforma constitucional que las prohibió.

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios (…) las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”, afirma el artículo 28 de la Constitución.

Pero el presidente, todavía en un caso así, el 12 de agosto de 2019 hizo distinciones claras en la exposición de motivos de su iniciativa revisada por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Diferenciaciones, como la siguiente:

“Otorgar la condonación cuando se intente corregir una afectación o se trate de impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región del país, de una rama de actividad o la producción o venta de productos, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

La de Covid-19 es una epidemia reconocida por el presidente, además de esto, es un caso inusual considerado en el Código Fiscal de la Federación.

Después de una modificación constitucional, toda ley vinculada con exactamente la misma podría llegar a la Suprema Corte. Ya mismo hay un caso en San Luis Potosí, en el que quien lo fomenta busca apoyar a través de un amparo el resguardo frente al SAT.

La opción de protección para personas o bien empresas insolventes está consignada en la ley y habría de ser acatada por la autoridad, tanto como la obligación de abonar impuestos para los ciudadanos.

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