La muerte de la profesora Juliana Faustino Bassetto, de 27 años, ocurrida el sábado pasado en una unidad de la red C4 Gym en São Paulo, ha destapado una cadena de presuntas negligencias. Juliana participaba en una clase de natación con su esposo cuando ambos y otros alumnos percibieron un fuerte olor químico y sabor extraño en el agua. En minutos, el entrenamiento se tornó en pánico: ardor en ojos, nariz y pulmones, náuseas y vómito obligaron a varios a salir del agua.
La joven se descompensó y fue trasladada al Hospital Santa Helena, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. Al menos otras cinco personas resultaron intoxicadas; el esposo de la víctima y un adolescente de 14 años permanecen en estado grave en terapia intensiva. La hipótesis principal apunta a la combinación inadecuada de cloro con otra sustancia en un balde cercano a la piscina, en un ambiente cerrado y con ventilación deficiente, liberando gas tóxico.
El mantenimiento y limpieza de la piscina eran realizados por un empleado del estacionamiento, Severino José da Silva, sin formación técnica para manejar sustancias químicas. En su declaración, afirmó que recibía instrucciones vía WhatsApp de los propietarios. Cuando informó que los alumnos se sentían mal, uno de los dueños respondió: “paciência”. La frase es ahora parte central de la investigación.
Tras el incidente, la alcaldía y Vigilancia Sanitaria clausuraron la unidad, que no contaba con Auto de Licencia de Funcionamiento vigente y operaba con dos registros fiscales. El Ministerio Público de São Paulo abrió un inquérito civil para revisar todas las unidades de la cadena. La Policía Civil imputó a los tres propietarios —Cesar Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz y Cezar Miquelof Terração— por homicidio con dolo eventual.
El caso ha generado indignación y reavivado el debate sobre la fiscalización de establecimientos deportivos, la capacitación obligatoria en manejo de sustancias peligrosas y la responsabilidad penal de empresarios en casos de negligencia grave. La familia de la víctima exige justicia, y el caso podría sentar un precedente en Brasil.
