El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que entre 2025 y 2026 su administración central fue sometida a 16 revisiones financieras por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Órgano Interno de Control y despachos externos, las cuales arrojaron cuentas limpias. Con esto, suman 26 auditorías desde diciembre de 2020, cuando inició la gestión del director general Arturo Reyes Sandoval.
El titular del IPN sostuvo que estas auditorías han sido constantes desde el comienzo de su administración y que el instituto es uno de los entes más fiscalizados del gobierno federal. “A menos de que haya alguna otra cosa, pero continúan haciéndose y esas auditorías son un proceso normal… creo que somos de los más auditados de los organismos que más control tienen”, declaró ante estudiantes consejeros.
De acuerdo con un comunicado, dichos ejercicios han derivado en recomendaciones y observaciones —comunes en cualquier proceso de fiscalización—, las cuales pueden ser solventadas. Además, cada trimestre se informa a la Comisión Interna de Administración sobre el estado de estas revisiones.
Reyes Sandoval reafirmó que su administración ha mantenido una política de cero tolerancia ante irregularidades. Afirmó que se ha actuado, y se continuará, contra cualquier servidor público que incurra en ilegalidades, al señalar que ese ha sido el eje de su gestión.
Las auditorías han abarcado rubros como becas, ingresos y egresos, recursos excedentes en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), controles de la Secretaría de Investigación y Posgrado, contrataciones y pago de servicios personales. En 2021, la ASF realizó una auditoría forense sobre prestación de servicios que derivó en recomendaciones, pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa turnadas al OIC.
Para 2026, el IPN enfrenta un paquete de ocho auditorías adicionales, entre ellas una revisión de cumplimiento de la ASF sobre ciberseguridad en sus infraestructuras tecnológicas, así como fiscalizaciones a la gestión financiera de recursos públicos. Paralelamente, el OIC revisa funciones de tesorería y cuentas bancarias, mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno supervisa contrataciones como el servicio integral de limpieza.
