La generación renovable vuelve a ocupar un lugar central en la política energética mexicana. A menos de dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las convocatorias lanzadas por la Secretaría de Energía (Sener) ya han adjudicado una capacidad de generación renovable prácticamente equivalente a toda la asignada en las subastas eléctricas realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Comparación con el sexenio de Peña Nieto
La comparación resulta significativa porque las subastas realizadas entre 2015 y 2017 fueron consideradas el principal símbolo de la apertura energética derivada de la reforma de 2013, que permitió una participación más amplia del sector privado en la generación eléctrica y aceleró el desarrollo de proyectos eólicos y solares. Sin embargo, la primera convocatoria de Esquemas de Desarrollo Mixto impulsada por la Sener y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró adjudicar 7,411 megawatts de nueva capacidad renovable, una cifra apenas inferior a los 7,451 megawatts asignados en las tres subastas eléctricas realizadas durante todo el sexenio de Peña Nieto.
El resultado adquiere mayor relevancia porque originalmente la convocatoria contemplaba la asignación de 6,500 megawatts, pero la demanda de los inversionistas permitió superar esa meta en 911 megawatts adicionales. La administración actual ha dado un giro respecto al sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, periodo marcado por la parálisis de nuevos proyectos privados de generación eléctrica. Durante esos años no se otorgaron nuevos permisos por largos periodos y varios proyectos renovables enfrentaron obstáculos para concluir su construcción o iniciar operaciones.
El regreso de las renovables
La convocatoria presentada el pasado 6 de febrero por la CFE y la Sener planteó un modelo distinto al de las antiguas subastas. Bajo este esquema, denominado Desarrollo Mixto, la empresa estatal debe conservar al menos el 54% de participación en cada proyecto, mientras que los inversionistas privados pueden mantener hasta el 46%. La aportación de la CFE consiste principalmente en la gestión de permisos, trámites regulatorios, contratos de energía y negociaciones para el uso de terrenos. Los privados, por su parte, aportan el capital necesario para desarrollar, construir, operar y mantener las centrales.
Las condiciones generaban dudas sobre el nivel de interés que podrían despertar entre los inversionistas. No obstante, la respuesta superó ampliamente las expectativas. Un total de 394 empresas manifestaron interés en participar y la demanda por capacidad alcanzó un nivel equivalente a 581% de lo ofertado inicialmente. Al cierre del proceso se adjudicaron 37 proyectos, entre 33 parques solares y cuatro eólicos, a 31 empresas desarrolladoras. La inversión estimada para estos proyectos ronda los 7,400 millones de dólares y estará acompañada por 1,850 megawatts de sistemas de almacenamiento mediante baterías.
Los resultados sugieren que, pese a las nuevas reglas de participación, existe un fuerte apetito por invertir en infraestructura energética después de varios años con pocas oportunidades de desarrollo. Además de esta primera convocatoria, la Sener mantiene abiertos otros dos procesos para incorporar nueva capacidad de generación y almacenamiento, por lo que el volumen total de proyectos adjudicados podría superar ampliamente lo alcanzado durante la administración de Peña Nieto.
Los desafíos para convertir anuncios en centrales
No obstante, especialistas advierten que la adjudicación representa apenas el primer paso de un proceso complejo que todavía enfrenta diversos riesgos. Arturo Carranza, experto en energía, considera que el gobierno federal continuará impulsando nuevas convocatorias para atraer inversiones y atender el crecimiento de la demanda eléctrica. “Van a seguir las convocatorias, para atraer más inversión; y Sener dice que va a seguir para garantizar el cumplir con el crecimiento demanda eléctrica. Pero no hay que olvidar que el ‘pastel’ se hace cada vez más corto y habrá menores requerimientos de capacidad en el esquema de planeación vinculante”, aseguró.
El especialista explicó que uno de los principales desafíos será la disponibilidad de equipos para los proyectos renovables, en un contexto internacional donde la cadena de suministro continúa presionada. “El mercado de suministros, relacionado con proyectos renovables, está apretado, prácticamente todos se compran en China, y tenemos factores como los aranceles, el costo de mano de obra, eso te incrementa los costos directos e indirectos de los proyectos”, añadió Carranza.
A ello se suma la capacidad de ejecución de algunas empresas adjudicatarias, varias de las cuales deberán desarrollar proyectos de gran escala en plazos relativamente ajustados. Los proyectos adjudicados deberán entrar en operación entre 2028 y 2029, por lo que todavía queda un largo camino antes de que la nueva capacidad se incorpore efectivamente al Sistema Eléctrico Nacional.
Para Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, también existen riesgos relacionados con la infraestructura eléctrica disponible. En algunas regiones, la concentración de proyectos podría encontrar limitaciones por falta de capacidad de transmisión o por la existencia de subestaciones obsoletas. El especialista añade que los desarrolladores deberán superar procesos ambientales, consultas comunitarias y posibles litigios, además de obtener la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. Otro elemento clave será lograr la bancarización de los proyectos, es decir, conseguir el financiamiento necesario para llevar las iniciativas del papel a la construcción.
