El gobierno de Cuba emitió un decreto-ley que permite la creación de sociedades mixtas entre el Estado y el sector privado, un giro histórico en la política económica del país. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, autoriza a estas empresas a determinar sus productos, precios, número de empleados y salarios, excepto en los sectores de salud, educación y defensa nacional, donde solo se permiten excepciones específicas.
La decisión se produce en medio de una profunda crisis económica y energética, agravada por las sanciones de Estados Unidos y la interrupción del suministro de petróleo venezolano. En febrero, el gobierno de Miguel Díaz-Canel implementó medidas urgentes para paliar el desabastecimiento de combustible, que ha afectado la capacidad productiva del país.
Según el decreto, las sociedades mixtas podrán operar en cualquier sector lícito, con participación de capital estatal y privado, nacional o extranjero. La normativa no establece límites al número de trabajadores y permite a las empresas fijar sus propias políticas de contratación y remuneración, ampliando la flexibilidad laboral.
La apertura busca captar inversión y tecnología para dinamizar la economía, en un contexto de endurecimiento de las sanciones estadounidenses y advertencias de aranceles a países que suministren petróleo a la isla. El gobierno reconoce la necesidad de incentivos para mejorar la eficiencia y competitividad, aunque mantiene la supervisión estatal sobre las nuevas entidades.
Esta reforma marca un cambio significativo respecto al control estatal predominante desde la Revolución Cubana, aunque el Estado conserva atribuciones centrales en fiscalización y garantías jurídicas y laborales. La medida formaliza la cooperación entre capital público y privado, en un intento por superar la crisis que enfrenta la isla.
