La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aplazó de manera indefinida la presentación de la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, propuesta desde julio de 2025, y en su lugar presentó un conjunto de reformas constitucionales que limitan el aumento de las rentas a la inflación anual reportada por el INEGI.
Durante una conferencia, Brugada explicó que la decisión responde al calendario legislativo, ya que el Congreso local tendrá su próximo periodo en septiembre, a menos que se convoque a un periodo extraordinario. La reforma modifica el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México en materia de derecho a la vivienda, estableciendo que en los contratos de arrendamiento de uso habitacional la renta no podrá incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior.
Además del tope a los incrementos, la iniciativa incluye obligaciones para el gobierno local, como implementar una política integral para incrementar la oferta de vivienda social y asequible, ampliar la reserva territorial mediante la adquisición de suelo, y crear una institución pública encargada de regular las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, con funciones de orientación, mediación y defensa jurídica.
La reforma también reconoce el derecho al arraigo vecinal y comunitario, y ordena la implementación de una política pública contra la gentrificación. Brugada rechazó que la iniciativa afecte la propiedad privada, y adelantó que la futura ley de rentas incluirá un registro de contratos de arrendamiento para hacer exigibles los límites.
El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, señaló que existe un alto nivel de informalidad en el mercado de rentas, mientras que el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, indicó que la solución pasa por incrementar la oferta de vivienda con más inversión pública y privada.
