En la víspera del 10 de mayo, decenas de madres de víctimas de desaparición de distintos municipios marcharon en Chilpancingo para denunciar la negligencia de las autoridades y exigir a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta Claudia Sheinbaum que dejen de obligarlas a realizar su trabajo que es la búsqueda y la identificación de desaparecidos.
Al grito de “¡10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”, las madres buscadoras denunciaron acoso sexual, manipulación de cifras y omisión por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE). Colocaron afuera de la FGE losetas con los rostros de decenas de víctimas y la frase “HASTA ENCONTRARLES”.
Participaron integrantes de los colectivos Guerrero No Más Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Fe y Esperanza hasta encontrarles Guerrero; Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos y el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. En la actividad se pudieron ver a niños y niñas que esperan a sus padres o madres, tíos, tías y hasta abuelos.
Denunciaron que Guerrero no sólo es el estado más violento de México y con más fosas clandestinas, sino que es la entidad donde sus instituciones eligieron deliberada y cobardemente mirar hacia otro lado mientras las familias entierran su dolor en cada cerro y fosa. La FGE, señalaron, es en este momento una de las instituciones más fallidas, cínicas y peligrosas para las familias de desaparecidos.
Dijeron que no hay certeza de cuántos desaparecidos realmente hay en Guerrero, porque la institución responsable miente. “No es negligencia, es complicidad”. También denunciaron que la Coordinación General de los Servicios Periciales de la FGE, bajo el mando de Héctor Ramírez Chávez, manipula, esconde y falsea cifras de desaparecidos y cuerpos sin identificar, y lo acusaron de hostigamiento sexual en contra de dos antropólogas lo que las obligó a renunciar.
Exigieron la destitución inmediata de Héctor Ramírez Chávez como Coordinador General de los Servicios Periciales y que el fiscal general Zipacná Jesús Torres asuma una responsabilidad real, no con comunicados, sino con acciones e investigaciones. “Exigimos que el Estado busque, que haga su trabajo, que deje de obligar a las madres a hacer lo que debería estar haciendo”, afirmaron.
