Reforma judicial 2.0: el gobierno reconoce fallos y propone cambios exprés
Reforma judicial 2.0: el gobierno reconoce fallos y propone cambios exprés

El gobierno federal finalmente reconoció que la reforma judicial presentada originalmente tenía fallos logísticos, al proponer aplazar la segunda parte de la elección de juzgadores, inicialmente prevista para coincidir con los comicios intermedios de 2027. La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, justificó la iniciativa señalando la necesidad de mayor claridad sobre las candidaturas y el proceso de votación. La presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que se busca facilitar la elección para los ciudadanos, aunque previamente había defendido el empate electoral como una medida para ahorrar recursos.

Críticos y especialistas, incluyendo a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y al presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz, habían advertido sobre los problemas logísticos de realizar ambas elecciones de forma concurrente. Legisladores de Morena, como Alfonso Ramírez Cuéllar, también se pronunciaron a favor del aplazamiento. Ahora, el gobierno propone enmendar estas pifias, pero las modificaciones son consideradas por la oposición como cosméticas, al no eliminar los mecanismos de selección cuestionados, como la tómbola y los acordeones.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, calificó la propuesta como una reforma superficial, mientras que Elías Lixa, del PAN, alertó que mantiene esquemas de captura institucional. Además, el proceso legislativo se perfila exprés: se prevé que la iniciativa sea aprobada en comisiones el martes 26, en el pleno de Diputados el miércoles 27, y en el Senado el mismo día. Posteriormente, los congresos estatales votarían el jueves 28 para que la declaratoria constitucional se emita el viernes 29.

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El líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que se buscará la aprobación fast track, sin debate ni modificaciones, bajo el argumento de que el plazo constitucional para cambios electorales vence a finales de mayo. La oposición critica que el Congreso actúe como una oficialía de partes, aprobando iniciativas presidenciales sin discusión, mientras que otras propuestas legislativas son ignoradas.

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