Desde principios de marzo, Moscú y otras ciudades rusas han experimentado bloqueos masivos al acceso a internet móvil, afectando servicios esenciales como pagos digitales, aplicaciones bancarias, sistemas de mapas, plataformas educativas y mensajería privada. Estas restricciones buscan limitar la capacidad de los rusos para informarse y comunicarse fuera de los canales aprobados por el Estado.
El Kremlin ha pasado de censurar sitios web específicos a bloquear casi todo el acceso a internet móvil, mientras elabora listas blancas con los pocos servicios permitidos. Solo aplicaciones seleccionadas, como plataformas de entrega de comida o sistemas de pago de impuestos, permanecen accesibles. El argumento oficial es la protección ante posibles ataques con drones ucranianos, pero la censura se extiende incluso a ciudades sin actividad militar reciente.
Andrei Soldatov, analista ruso en el exilio y coautor de The Red Web, señaló que la estrategia del Kremlin combina omnipresencia y ambigüedad, generando un clima de incertidumbre. “Está intentando modificar el comportamiento de la gente; no se trata de que no accedan, sino de reeducarles en la manera en la que usan internet”, afirmó.
La transformación digital del control estatal ruso tiene paralelismos históricos con la era soviética, cuando se controlaban las fotocopiadoras para evitar la difusión de publicaciones clandestinas. Hoy, el teléfono móvil es el objetivo principal, ya que permite a las autoridades aislar a los ciudadanos y reducir su exposición a narrativas no oficiales.
El impacto de las restricciones se extiende más allá de la esfera política. Los cortes de internet afectan pagos electrónicos, servicios de taxi, envíos, correo electrónico, acceso a plataformas educativas y comunicaciones familiares. Desde el 5 de marzo, el centro de Moscú sufre desconexiones recurrentes, obligando a los habitantes a buscar alternativas para tareas cotidianas.
El Kremlin también ha impuesto la aplicación estatal Max, lanzada en marzo de 2025, como canal obligatorio para acceder a servicios públicos y educativos. El rechazo crece entre los ciudadanos, que temen por su privacidad. Expertos advierten que la aplicación puede espiar el teléfono e informar sobre el uso de servicios VPN, lo que podría desencadenar represalias.
