La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico ha puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum en una encrucijada política. Por primera vez, Washington apunta a un cargo electo en funciones del partido gobernante, Morena, en plena renegociación del T-MEC. La decisión de Sheinbaum, ya sea cooperar con la extradición o defender la soberanía nacional, tendrá un alto costo político.
Rocha Moya, quien inicialmente se mostró tranquilo y aseguró contar con el respaldo de Sheinbaum, solicitó una licencia temporal de su cargo el viernes para enfrentar la investigación. La acusación, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, señala a los implicados de asociarse con el Cartel de Sinaloa para distribuir narcóticos en Estados Unidos. El fiscal federal Jay Clayton destacó que el cartel no operaría sin políticos y funcionarios corruptos.
Sheinbaum ha cerrado filas con el gobernador y condiciona cualquier extradición a las pruebas que recabe la Fiscalía General de la República. En su conferencia matutina del 1 de mayo, llamó a la unidad nacional y rechazó la injerencia extranjera, aunque afirmó que no cubrirá a quienes hayan cometido delitos. La tensión bilateral se suma a otros escándalos, como la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.
