El fraude detectado en el examen en línea de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no es un simple fallo tecnológico ni se resolverá con un examen presencial de control. Detrás de la crisis del proceso de admisión 2026 se encuentra una escasez estructural de espacios en la educación superior pública, advirtió un grupo de investigadores y universitarios en el pronunciamiento “No sobran estudiantes, faltan lugares”.
El pronunciamiento y sus firmantes
El documento, firmado bajo el seudónimo colectivo Alcira Revueltas por académicos como Imanol Ordorika, Alejandro González Ledesma, Axel Meléndez, César Enrique Pineda, Diana Fuentes, Efraín León Hernández, Leticia Pogliaghi, Marcela Meneses, María Chávez Canales y Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, sostiene que la discusión abierta tras el proceso de ingreso debe trascender las fallas de la plataforma digital y enfocarse en el modelo de acceso a las universidades públicas.
“El fraude del examen 2026 no es una anomalía que corregir con mejor vigilancia biométrica o versiones distintas del cuestionario: es el síntoma más visible de la escasez. Un examen de opción múltiple con resultado binomial —entras o no entras— sobre un cupo artificialmente estrecho es, estadísticamente, una máquina de generar incentivos para hacer trampa”, plantea el texto.
La escasez de lugares como causa de fondo
Los especialistas afirman que el fraude detectado en el proceso de admisión no es la causa de la crisis, sino el síntoma de un problema previo: la insuficiencia de lugares en las instituciones públicas de educación superior con mayor demanda. Antes incluso de que un aspirante responda la primera pregunta del examen, sostienen, la exclusión ya está determinada por la disponibilidad de espacios.
Cada año, indican, alrededor de 180 mil jóvenes buscan ingresar a la licenciatura mediante el concurso de selección de la UNAM y menos de 19 mil obtienen un lugar. En consecuencia, más de nueve de cada diez aspirantes quedan fuera.
“Esa escasez no es un dato natural ni el resultado inevitable de una demanda desbordada: es consecuencia directa de políticas públicas y decisiones presupuestales. Cuando el financiamiento a la educación superior pública se contrae —o simplemente no crece al ritmo de quienes la demandan—, el cupo se estrecha, y ese estrechamiento se traduce, año con año, en un examen que decide quién cabe en un espacio deliberadamente insuficiente”, señala el pronunciamiento.
Una “curva rota” en los resultados
Como parte de su análisis, los investigadores retoman las conclusiones de la Comisión Técnica creada por la UNAM para revisar el proceso de admisión 2026, la cual documentó un comportamiento estadístico atípico en los resultados del examen en línea. Recuerdan que mientras entre 2021 y 2025 apenas 3.5 por ciento de los aspirantes superaba los 100 aciertos, en la aplicación de este año esa proporción aumentó a 16.3 por ciento, lo que dio lugar a una distribución inusual de los puntajes y llevó a la Universidad a ordenar un examen presencial de control para alrededor de 58 mil aspirantes.
Sin embargo, consideran que esa decisión constituye una medida de contención que atiende las consecuencias inmediatas de las irregularidades, pero no resuelve el problema estructural que, a su juicio, hizo posible la crisis. Argumentan que cuando un examen de opción múltiple determina el acceso a un número muy limitado de lugares, cualquier vulnerabilidad del proceso puede convertirse en un incentivo para la aparición de mercados ilegales y mecanismos de fraude.
“Cuando la probabilidad de ingresar por la vía legítima es baja y la recompensa —una carrera en la universidad pública más prestigiosa del país— es alta, cualquier grieta en el sistema —una plataforma nueva, sin el rodaje de años anteriores— será explotada por terceros dispuestos a monetizar la desesperación de las familias. Esto no es una peculiaridad mexicana ni una novedad de la inteligencia artificial. Es exactamente lo que predice la literatura internacional sobre exámenes de alto impacto: los casos de NEET-UG en India en 2024 y 2026, el examen de residencia médica en Argentina en 2025, San Marcos en Perú, la Universidad de Rangsit en Tailandia, todos comparten la misma estructura —demanda que rebasa por mucho a la oferta— antes de compartir el mismo desenlace: filtración, suplantación, mercado negro de resultados”, advierte.
Cuestionan el modelo de admisión
El colectivo también plantea revisar el papel que desempeña el examen de selección como principal mecanismo para distribuir una oferta insuficiente de espacios en la educación superior pública. Los investigadores sostienen que una prueba de opción múltiple puede aportar información sobre conocimientos y habilidades, pero cuestionan que sea el criterio prácticamente exclusivo para decidir el ingreso a una universidad, pues consideran que también refleja desigualdades económicas, sociales y culturales.
Asimismo, llaman a analizar experiencias internacionales que han incorporado mecanismos distintos de selección, como las cuotas socioeconómicas en Brasil, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) en Chile y el modelo de ingreso por sorteo con lista de espera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
La pregunta de fondo es política
A juicio del colectivo, la discusión abierta por la crisis del examen debe conducir a un debate sobre el financiamiento de la educación superior, la ampliación de la matrícula y la creación de nuevas instituciones públicas con características similares a las universidades de mayor prestigio.
“La pregunta de fondo no es técnica sino política: no cuántos aciertos tuvo cada aspirante, sino cuántas universidades públicas más necesita el país, con qué financiamiento, de qué características y bajo qué modelo de gobierno institucional. No sobran estudiantes. Faltan lugares”, concluye el pronunciamiento.
