El gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, atraviesa uno de sus momentos más incómodos en materia de transparencia y presunto encubrimiento de millonarios desvíos de recursos públicos. Mientras el mandatario mantiene un discurso de “cero tolerancia” contra la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de la entidad mantiene abiertas investigaciones que alcanzan a exfuncionarios y servidores públicos ligados a su administración.
El caso del INVI: desvíos por 55 millones de pesos
El caso más relevante es el del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), donde las indagatorias apuntan a operaciones irregulares por alrededor de 55 millones de pesos. De acuerdo con reportes judiciales, el expediente involucra a exservidores públicos de la dependencia y a particulares presuntamente relacionados con el manejo de recursos públicos durante el actual gobierno estatal.
La carpeta del INVI ya tuvo consecuencias procesales. Fernanda “N”, exdirectora del instituto, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el mismo expediente también fueron vinculados Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas, y un particular identificado como Jonathan “N”. Las investigaciones de la Fiscalía continúan abiertas porque podría haber más personas involucradas.
El punto crítico para el gobierno de Castro Cosío
El punto crítico no está solo en el monto bajo investigación, sino en la cadena de mando. Fernanda Villarreal fue nombrada al inicio de la administración estatal y removida en 2023, después de observaciones de la Contraloría. Tras su salida del INVI, el propio gobierno informó que asumiría funciones como enlace político en la Secretaría General de Gobierno, entonces encabezada por Homero Davis Castro, aunque ese cargo no formaba parte del organigrama oficial.
En el caso de Villarreal, lo imputado directamente asciende a 762 mil pesos; en el de Juan Manuel Reyes, a 382 mil pesos, mientras que otro involucrado enfrenta cargos por un millón de pesos. Sin embargo, las líneas de investigación abiertas apuntan a un posible esquema más amplio, con recursos presuntamente canalizados a actividades políticas vinculadas con la campaña interna de Adán Augusto López Hernández.
Segundo frente: enriquecimiento ilícito en la Dirección de Informática
El segundo frente se abrió en la Dirección General de Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración. Juan Ignacio “N”, exfuncionario de esa área, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se detectaran bienes que no corresponderían con sus ingresos declarados. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera participan en la revisión del caso desde el 26 de mayo de 2026.
Dentro de esa investigación fueron asegurados de manera precautoria dos vehículos Mercedes-Benz valuados, en conjunto, en aproximadamente 8 millones de pesos. La Fiscalía también solicitó información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para fortalecer la carpeta; sin embargo, no se ha informado una judicialización del expediente ni imputaciones formales contra el exfuncionario. El gobernador confirmó que Ignacio “N” fue separado del cargo mientras avanzan las pesquisas y aseguró que existen al menos siete procesos relacionados con presuntas irregularidades administrativas o patrimoniales dentro de su gobierno.
Discurso vs. realidad
La administración de Castro Cosío intenta presentar las investigaciones como prueba de que se actúa contra la corrupción. Sin embargo, los casos exhiben fallas de vigilancia interna, controles patrimoniales tardíos y una operación institucional que permitió que los señalamientos crecieran antes de llegar al terreno penal. En Baja California Sur, el discurso anticorrupción del gobierno ya no se mide por conferencias ni declaraciones públicas, sino por expedientes, audiencias, bienes asegurados y rutas financieras que aún deben aclararse. Y ahí, el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío tiene un problema abierto: las investigaciones no solo comprometen a exfuncionarios, también ponen bajo revisión la capacidad de su administración para detectar, contener y sancionar los presuntos abusos cometidos desde dentro.
