La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, presentó una iniciativa para liquidar la deuda bursátil que asfixia a los ayuntamientos desde hace 18 años. El proyecto impone múltiples sanciones y condiciona el presupuesto a 199 municipios.
Propuesta de saneamiento financiero
La gobernadora del estado de Veracruz, la morenista Rocío Nahle García, envió una propuesta al Congreso local para liquidar de manera anticipada una deuda bursátil que asfixia a 199 municipios de la entidad desde hace 18 años. No obstante, el proyecto denominado Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero ha encendido las alertas debido a un articulado que, bajo la promesa del alivio económico, impone severos candados y mecanismos de supervisión centralizada que podrían vulnerar el principio constitucional de autonomía municipal.
Antecedentes de la deuda
El argumento central de la iniciativa, enviada el pasado 10 de junio, radica en la inviabilidad financiera del esquema vigente. Contratada en diciembre de 2008 bajo el Decreto 255 (en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán), la deuda municipal se estructuró en 82% bajo Unidades de Inversión (UDI), un instrumento indexado a la inflación que convirtió el compromiso en un auténtico “barril sin fondo”.
A la fecha, el saldo de capital pendiente asciende a 1,267.6 millones de pesos, una cifra superior al monto originalmente contratado, a pesar de que en estos 18 años los ayuntamientos ya han pagado de forma acumulada 2,725.4 millones de pesos. De continuar con el esquema actual hasta su vencimiento en 2036, las demarcaciones veracruzanas terminarían pagando un costo financiero equivalente a 300% del dinero recibido inicialmente.
Propuesta de liquidación
Ante este escenario de asfixia presupuestal, donde el pago de la deuda se descuenta directamente de las participaciones federales de los municipios, el Poder Ejecutivo estatal propone realizar el desembolso necesario para amortizar el total de la deuda el próximo 31 de julio de 2026. Bajo este modelo, el gobierno del Estado absorberá 75% del saldo insoluto de capital, así como 100% de la penalización contractual por pago anticipado. Por su parte, los municipios aportarán de manera “solidaria” 25% restante mediante retenciones automáticas a sus participaciones federales, pero bajo condiciones altamente preferenciales: sin intereses, sin indexación inflacionaria y con un plazo límite recortado al año 2030.
Asimismo, se establece por ley que los ahorros generados deberán canalizarse exclusivamente a obra pública e infraestructura.
Las letras chiquitas del envío de Rocío Nahle
A pesar de que el documento formal asegura contar con el consenso unánime y la aprobación previa de los 199 Cabildos involucrados, el articulado del decreto introduce facultades de control que desdibujan el Artículo 115 de la Constitución Federal, que habla de la conformación y autonomía de los ayuntamientos. Los puntos más polémicos de la iniciativa de la gobernadora Nahle tienen que ver con una sanción y veto presupuestal, una fiscalización paralela y el cobro por coacción así como la retención de reservas financieras.
El Artículo Séptimo faculta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para verificar el uso de los ahorros y suspender temporalmente las condiciones financieras preferenciales a los ayuntamientos que no acrediten su destino. Con ello, el Ejecutivo estatal puede sancionar financieramente a gobiernos municipales autónomos.
Los municipios veracruzanos rinden cuentas tradicionalmente ante el Congreso local por medio del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). No obstante, este decreto obliga a los alcaldes a someterse a la supervisión técnica y validación directa de Sefiplan, creando una subordinación administrativa de las tesorerías frente a una secretaría estatal.
Las reglas prevén un cobro por “compensación automática” sobre los flujos federales de los ayuntamientos, lo que reduce su margen de maniobra. Además, el Artículo Quinto dispone que los remanentes de los fondos de reserva del fideicomiso original (F/998), integrados con recursos retenidos a los municipios durante casi dos décadas, serán administrados por el Estado.
La iniciativa ya se encuentra en manos de la 67 Legislatura de Veracruz para su análisis.
