El juez Arcadio Reyes Rojas, adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, determinó no vincular a proceso a Andrés “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa y ordenó su inmediata libertad. La resolución fue dictada el 5 de julio de 2026.
Captura y proceso judicial
La detención del sospechoso se logró mediante un operativo conjunto entre autoridades federales y capitalinas, tras labores de gabinete y campo que permitieron ubicarlo en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se identificaron sus movimientos y patrones de conducta.
Pese al despliegue institucional, el caso se estancó en los tribunales. En la audiencia de la causa de control 401/2026, el juez emitió auto de no vinculación a proceso a favor de Andrés “N”, investigado por tentativa de feminicidio en agravio de una víctima de identidad reservada.
Libertad bajo reservas y declinación de competencia
En la misma audiencia, el juzgador ordenó la libertad inmediata del imputado, bajo las reservas de ley, siempre que no estuviera requerido por otra autoridad o por un delito distinto. Además, el juzgado declinó competencia a un juez penal de la Ciudad de México, al considerar que los hechos ocurrieron en territorio capitalino.
El fallo encendió alertas al evidenciar que el caso no se cerró por falta de materia, sino que las instituciones se pasaron el expediente por razones de competencia, permitiendo que una persona señalada por un delito grave recuperara su libertad.
Fragilidad del sistema judicial
Con esta resolución, el juez expuso la fragilidad del sistema, donde una investigación por tentativa de feminicidio puede desmoronarse antes de llegar a juicio, no porque los hechos hayan sido esclarecidos, sino porque las autoridades no lograron sostener la ruta jurídica del caso en audiencia. Tras la determinación, el ministerio público quedó en posibilidad de impugnar la resolución.
El caso subraya las deficiencias en la coordinación entre corporaciones de seguridad y el sistema judicial, así como los riesgos para las víctimas de violencia de género cuando los procesos legales fallan en su etapa inicial.
