El municipio de Salvador Alvarado, con cabecera en Guamúchil, Sinaloa, es señalado por presuntamente imponer multas millonarias a empresas de telecomunicaciones, como Telmex, Megacable y Totalplay, por infraestructura instalada sobre postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las acusaciones indican que la alcaldesa morenista Guadalupe López González habría iniciado procedimientos para exigir alrededor de mil 500 millones de pesos, argumentando supuestas irregularidades en el tendido de cableado.
Mecanismo de presión y cobro excesivo
Según los denunciantes, el ayuntamiento utiliza a un intermediario, Pedro Molineros Urías, para negociar reducciones de entre 60 y 70 por ciento sobre las sanciones originales, lo que califican como un esquema de presión. Además, se afirma que las autoridades ordenaron el corte de cables, provocando interrupciones en el servicio. De confirmarse, esto podría violar la legislación federal en telecomunicaciones.
Los críticos señalan que el municipio carece de facultades constitucionales para sancionar instalaciones de telecomunicaciones, ya que la competencia es federal. Argumentan que un reglamento municipal no puede otorgar atribuciones reservadas por la Constitución a la Federación.
Discrepancias en sanciones y procedimientos
Mientras el Reglamento de Construcción contempla sanciones de hasta 60 mil pesos por obras sin autorización, el municipio estaría cobrando más de 410 mil pesos por cada "coordenada" de cableado, ofreciendo después descuentos. Las denuncias incluyen verificaciones sin participación de las empresas, notificaciones deficientes, falta de derecho de audiencia y obstáculos para presentar pruebas.
El caso llega a la Cámara de Diputados
El legislador Mario Zamora presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar a las autoridades federales revisar la legalidad de las acciones del municipio y proteger la infraestructura estratégica de telecomunicaciones. Se espera que el conflicto se resuelva en tribunales federales, donde hay precedentes sobre los límites de la competencia municipal. Hasta ahora, las autoridades municipales no han emitido una respuesta pública detallada.
