El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que, a 18 años de su implementación total, se evalúa la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral en México. La declaración se realizó durante la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre la SCJN, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Autoevaluación y revisión del modelo
“La implementación del modelo está ya caminando, y se identifica que estamos en la etapa de consolidación del sistema, y yo diría que, a esa idea, también hay que agregarle que estamos también en la etapa de autoevaluación, de autocrítica, de revisión del modelo. Entramos en una etapa de modelo garantista; con sus dificultades en la Corte hemos estado revisando temas relacionados con la implementación de las audiencias, los plazos, recientemente, a iniciativa del maestro Néstor (Vargas) estamos revisando al interior del Poder Judicial la situación de quienes se encuentran en prisión preventiva”, indicó Aguilar Ortiz.
El titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) encabezó la firma del convenio, que tiene como objetivo central la capacitación, la difusión del conocimiento jurídico y el intercambio de experiencias. “No tiene que ser una capacitación anclada en la teoría y en la dogmática únicamente, tiene que ser lo que los investigadores le llaman un conocimiento situado, una investigación situada, una investigación y capacitación que no pierda el referente en la realidad”, explicó.
Colaboración interinstitucional
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, destacó que la autonomía de las instituciones de procuración de justicia no implica trabajar de manera aislada, especialmente ante la evolución del fenómeno delictivo. “Vivimos una etapa en la que las instituciones públicas enfrentamos desafíos cada vez más complejos, la transformación de fenómenos sociales, la evolución de la criminalidad, el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías y la legítima exigencia social de contar con instituciones más eficaces; esto nos obliga a revisar permanentemente cómo cumplimos con nuestras responsabilidades constitucionales. Frente a estos desafíos compartimos la convicción de que las instituciones no se fortalecen aislándose unas de otras, sino cuando dialogan, cuando comparten conocimiento y construyen soluciones desde la cooperación institucional”, afirmó.
Prisión preventiva bajo revisión
Uno de los puntos centrales de la autoevaluación es la situación de las personas en prisión preventiva. La SCJN, a iniciativa del ministro Néstor Vargas, revisa al interior del Poder Judicial las condiciones de quienes enfrentan este proceso. La prisión preventiva ha sido un tema polémico en México, con críticas por su uso excesivo y violaciones a derechos humanos. La revisión busca garantizar que el sistema sea garantista y respete los plazos legales.
El convenio firmado entre la SCJN, la FGR y el Inacipe permitirá fortalecer la capacitación de los operadores del sistema y promover un conocimiento jurídico situado en la realidad. La cooperación interinstitucional se presenta como una herramienta clave para enfrentar los desafíos del sistema de justicia penal, que incluyen la evolución de la criminalidad y el uso de nuevas tecnologías.
