La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue vinculada a proceso este jueves por un Juez de Control por los delitos de ejercicio ilegal de funciones en adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones, así como peculado por disposición de bienes muebles en cuantía mayor. Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, y se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Detalles de la investigación
La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración de Flores Guerra, entre 2022 y 2025. Según las indagatorias, el caso involucra un presunto daño patrimonial que las autoridades competentes continúan investigando.
La exalcaldesa, de extracción morenista, fue detenida el pasado fin de semana en San Pedro Garza García, Nuevo León, en un operativo conjunto con autoridades de esa entidad, y posteriormente trasladada a Coahuila, donde permanecerá en prisión.
Otras carpetas de investigación
De acuerdo con las autoridades, la administración de Tania Flores es objeto de al menos 11 carpetas de investigación adicionales, que continúan en integración y podrían dar paso a nuevos procesos penales conforme avancen las indagatorias.
Mientras tanto, la defensa de la exalcaldesa informó que promoverá una revisión judicial para solicitar la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Antecedentes de su gestión
Desde los primeros días de su gobierno, la administración de Tania Flores estuvo marcada por controversias. Entre los hechos más señalados se encuentran despidos masivos de trabajadores municipales, presuntamente sin liquidación conforme a la ley, así como conflictos con dependencias estatales, luego de que la entonces alcaldesa amenazara con detener a personal que entregaba apoyos sociales en el municipio, acción que habría excedido sus atribuciones.
A lo largo de su periodo, Flores Guerra también fue señalada por enfrentamientos con integrantes del cabildo, líderes locales de partidos políticos y ciudadanos. En al menos un caso, personas cercanas a su entorno familiar fueron acusadas de agredir físicamente a una dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, hecho que derivó en denuncias públicas.
