La Secretaría de Energía informó que, de los 13 buques identificados como probables responsables del derrame ilícito de combustibles en el Golfo de México, ya se han inspeccionado siete: cinco en Coatzacoalcos, uno en Dos Bocas y uno en Tampico. Los seis restantes fueron boletinados para que, con apoyo de la comunidad marítima internacional, se realicen las inspecciones correspondientes.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene acciones de supervisión, verificación e integración de investigación para determinar el origen del derrame y proceder legalmente contra los responsables. El 27 de marzo, la ASEA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales.
Las sanciones por manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al ambiente, según el artículo 414 del Código Penal Federal, podrían ser de 1 a 9 años de prisión, multa de 300 a 3 mil días y/o reparación del daño ambiental. La Profepa da seguimiento a reportes ciudadanos y atiende ejemplares de vida silvestre afectados.
El gobierno federal absolvió a Pemex del derrame, señalando tres posibles orígenes: un derrame ilícito de un barco no definido, y emanaciones naturales de chapopoteras en Coatzacoalcos y en la sonda de Campeche, en el complejo Cantarell. Pemex identificó reactivación de emanaciones naturales frente a Coatzacoalcos y activó labores de contención y limpieza.
Hasta el 30 de marzo, se han recolectado 785 toneladas acumuladas en playas y 40.6 toneladas en el mar; se atendieron 630.9 km acumulados de playa. Se reportan 8 ejemplares de fauna afectada. En la zona de chapopoteras de Cantarell se instalaron barreras de contención y se realiza dispersión mecánica con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino.
Pemex mantiene apoyos por 35 millones de pesos para pescadores, servicios de salud y abastecimiento de combustible, así como contratación temporal de población local para saneamiento y operación de una unidad médica móvil en municipios afectados.
