La emergencia ambiental en la cuenca del Papaloapan volvió a encender las alarmas este 17 de junio, luego de que el Sindicato de Trabajadores y Campesinos del Transporte, Energía, Comunicación, Construcción, Industria, Mantenimiento, Minas y Servicios Generales de la República Mexicana (STTECCIMM) señaló que hay altos niveles de toxicidad en cuerpos de agua que abastecen a comunidades pesqueras asentadas en la zona y denunció omisión por parte de las autoridades municipales al permitir la operación de industrias sin supervisión ambiental efectiva.
Los habitantes ribereños han manifestado en las últimas horas que las descargas industriales en los cuerpos de agua son las que han causado un daño ambiental todavía incalculable, pero señalan que lo más desesperante es observar la pasividad de los encargados de investigar, sancionar y remediar esta contaminación.
Por su parte, Ramón Pino Méndez, secretario general del sindicato, afirmó que al menos 13 municipios presentan afectaciones severas. Entre ellos mencionó a Cosamaloapan, Alvarado, Ixmatlahuacan, Tierra Blanca y Rodríguez Clara, además de otras localidades ribereñas donde las lluvias recientes han dispersado los contaminantes hacia zonas bajas, comprometiendo la próxima temporada de siembra.
Pino Méndez advirtió que los daños no han sido cuantificados en términos ecológicos, económicos y sanitarios, pero que en el tema de producción hay cuando menos 600 pescadores afectados. La contaminación ha provocado mortandad de peces, afectado a cientos de cooperativas pesqueras y puesto en riesgo a familias que utilizan el agua para consumo doméstico, baño o abrevadero de ganado. También alertó sobre la degradación de suelos y pastizales, así como la exposición de comunidades enteras a corrientes contaminadas.
El dirigente responsabilizó directamente a los ayuntamientos por permitir la instalación y operación de empresas sin garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental. Recordó que los alcaldes tienen la “última palabra” en la autorización de industrias dentro de su territorio y que, por tanto, no pueden deslindarse de los efectos que hoy enfrentan las comunidades.
Por ello exigió que los municipios se incorporen a las mesas de trabajo y asuman su papel en la aplicación de la ley, la reparación del daño y la gestión de indemnizaciones para pescadores, además de proyectos productivos que permitan sostener la economía local.
El sindicato señaló que la primera dependencia obligada a intervenir es Conagua, seguida de Semarnat y de las áreas estatales y municipales de medio ambiente y fomento agropecuario. La dispersión de contaminantes por las lluvias, advirtió, agrava la situación y amplía el alcance del daño.
Por su parte, ambientalistas que han comenzado a emitir pronunciamientos mencionan que la crisis exhibió la falta de supervisión municipal, toda vez que se otorgan permisos sin capacidad ni criterios ambientales. Por ello exigen que cada nivel de gobierno asuma su responsabilidad y actúe antes de que el daño sea irreversible.
