Indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ambientalistas de Sinaloa se preparan para impedir la imposición de proyectos como la planta de metanol Pacífico Mexinol, que afectan las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo en el norte del estado. Las movilizaciones surgieron porque las autoridades no realizaron una consulta pública entre la población indígena y pesquera que será impactada por la planta.
El 23 de abril, durante el evento inaugural del consorcio transnacional Pacífico Mexinol, decenas de personas irrumpieron y derribaron el pedestal donde se encontraba la “primera piedra” de la planta. Los inversionistas extranjeros y el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, tuvieron que refugiarse en un salón privado del hotel Fiesta Inn en Los Mochis para realizar el acto protocolario. Johnson exigió al gobierno de México certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción para que la inversión prospere.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se trasladó al puerto de Topolobampo para dialogar con los inconformes y se comprometió a plantear a la presidenta Claudia Sheinbaum que la planta no procederá sin la consulta debida, ya que la Semarnat permitió la construcción omitiendo este requisito establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Pacífico Mexinol, cuyo desarrollador principal es Transition Industries, ha anunciado una inversión de 3.3 mil millones de dólares y una producción diaria de aproximadamente seis mil 130 toneladas de metanol extraído de gas natural obtenido mediante fracking en Texas. Entre sus socios se encuentran International Finance Corporation, KfW IPEX-Bank, Macquarie Group, Mitsubishi Gas Chemical Company, Samsung E&A y Techint Ingeniería y Construcción.
Melina Sandoval, líder mayo-yoreme desplazada por amenazas, señaló que la acción del 23 de abril fue resultado de atropellos contra los pueblos originarios, quienes han recurrido a tribunales durante más de 11 años para exigir respeto a su territorio y a la pesca como modo de vida. Claudia Quintero, otra líder del movimiento ¡Aquí No!, afirmó que las imágenes revelan el hartazgo de la población que ha luchado legal y pacíficamente contra la imposición de proyectos que impactan su territorio.
