Una acusación formal presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios ha generado un nuevo frente de tensión entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano calificó los señalamientos como "sin sustento" y pidió pruebas contundentes antes de proceder.
Según el expediente judicial estadounidense, Rocha Moya y los implicados habrían formado una red de corrupción para favorecer al Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a cambio de sobornos y protección institucional. Entre los señalados están el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra.
La acusación también menciona que Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 con apoyo de la facción de "Los Chapitos", quienes presuntamente intimidaron a rivales políticos. Además, se detalla una estructura de sobornos mensuales y filtraciones de operativos, incluyendo pagos de hasta 11,000 dólares mensuales al subprocurador para alertar sobre acciones de autoridades estadounidenses.
Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos presentar pruebas "contundentes e irrefutables" y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los expedientes de extradición no contienen elementos suficientes, por lo que fueron turnados a la Fiscalía General de la República para investigación.
El caso ha provocado reacciones encontradas en México: la oposición exige la renuncia del gobernador, mientras que figuras de Morena llaman a la prudencia y a respetar la presunción de inocencia. El gobierno mexicano cuestionó la difusión pública del expediente y defendió la jurisdicción nacional, mientras Washington lo considera parte de su estrategia contra el crimen transnacional.
