La violencia sacudió el suroccidente de Colombia con un atentado con explosivos en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, Cauca. El ataque dejó al menos siete personas fallecidas y más de una decena de heridos, según informaron las autoridades. La explosión ocurrió en el sector El Túnel, cuando un artefacto impactó contra un autobús y otros vehículos que transitaban por la carretera, una ruta clave que conecta Popayán con Cali.
La detonación abrió un enorme cráter en la vía, provocando el cierre total del paso y generando escenas de destrucción. Videos difundidos en redes sociales mostraron vehículos destruidos, personas tendidas en el suelo y severos daños en el pavimento. Testigos indicaron que la onda expansiva desplazó varios automóviles. Las autoridades reportaron inicialmente 17 heridos de gravedad, aunque otras versiones elevaron la cifra a 20 lesionados.
El atentado ocurrió mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la escalada violenta en la región. Las autoridades anunciaron refuerzos militares y policiales en el corredor vial y zonas cercanas para prevenir nuevos ataques. Cauca es un foco persistente de conflicto armado, con disputas entre grupos ilegales y débil presencia estatal.
En las últimas horas también se reportaron acciones violentas contra instalaciones militares en el Valle del Cauca, como ataques al Batallón Pichincha en Cali y al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, sin víctimas mortales. Las autoridades atribuyen estos hechos a la columna Jaime Martínez, estructura del Estado Mayor Central, principal disidencia de las extintas FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco. Además, se denunció un ataque contra el radar de Santana en El Tambo, infraestructura de control aéreo.
La candidata presidencial Paloma Valencia reaccionó al atentado: “Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total”. A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, esta nueva ola de violencia revive dudas sobre la estrategia de seguridad del gobierno y evidencia que la población civil sigue pagando el costo más alto del conflicto armado colombiano.
