Hace dos semanas, un operativo antidrogas en el municipio de Morelos, Chihuahua, derivó en la muerte de dos agentes de la CIA, lo que ha generado tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Los agentes fallecieron en un accidente automovilístico cuando el convoy regresaba a la capital del estado, tras participar en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.
El entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó inicialmente que los estadounidenses eran instructores de la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, días después se reveló que eran agentes de la CIA, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a solicitar explicaciones a los gobiernos estatal y federal, ante una posible violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Sheinbaum lamentó las muertes, pero subrayó que su gobierno no estaba enterado de la presencia de los agentes en Chihuahua. La ley mexicana exige que agentes extranjeros cuenten con acreditación federal y se limiten a labores de intercambio de información, sin realizar investigaciones o persecuciones sin autorización expresa.
El caso ha provocado la renuncia de Jáuregui y ha puesto en el centro del debate la presencia de agencias extranjeras en México. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se reunió con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y afirmó coincidir con Sheinbaum en la necesidad de trabajar juntos por la seguridad y la soberanía nacional.
