La eutanasia ha vuelto a ser tema central en México tras el caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años con paraplejia que solicitó y recibirá la muerte asistida. Este hecho ha reactivado la discusión sobre el derecho a una muerte digna en el país, donde la práctica sigue prohibida a nivel federal.
El 28 de octubre de 2025, el Senado de la República debatió la propuesta de Ley Federal para la Muerte Digna, que busca garantizar la autonomía de pacientes en etapa terminal y despenalizar la eutanasia. Especialistas en bioética y representantes de asociaciones civiles participaron en la sesión, destacando la necesidad de actualizar el marco jurídico para proteger la voluntad de los enfermos.
Actualmente, la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia desde 2009, considerándola homicidio por piedad, con penas de uno a doce años de prisión según el Código Penal Federal. Sin embargo, la Ciudad de México reconoce desde 2017 el derecho a una muerte digna en su Constitución local, aunque las leyes federales impiden su aplicación plena.
Diversas iniciativas legislativas han buscado cambiar esta situación. En octubre de 2023, el diputado Emmanuel Reyes Carmona propuso reformar la Ley General de Salud para eliminar la prohibición. La diputada Irma Juan Carlos planteó en 2022 una reforma constitucional para reconocer la muerte digna, y Leticia Chávez Rojas impulsa una ley para permitir la eutanasia en pacientes oncológicos y terminales.
La llamada “Ley Trasciende”, promovida por Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica y lupus, aboga por legalizar la eutanasia para quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas avanzadas. La Enfermedad Renal Crónica afecta al 12% de la población mexicana, unos 13 millones de personas, pero el 80% no tiene diagnóstico formal y el acceso a tratamientos es limitado.
