Hace dos semanas, un operativo antidrogas en Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, desató una controversia que aún no se resuelve. La revelación de que dos agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico tras el operativo ha llevado al Gobierno de México a exigir explicaciones a Chihuahua y Estados Unidos, mientras el fiscal estatal renunció y especialistas cuestionan la presencia de agencias extranjeras en el país.
Entre el 17 y 19 de abril, elementos de la Fiscalía de Chihuahua y el Ejército desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas en Morelos. La noche del 19, el entonces fiscal César Jáuregui informó que un vehículo del convoy se volcó, matando al director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y dos funcionarios estadounidenses, identificados inicialmente como instructores de la Embajada de EE.UU.
El embajador Ronald Johnson lamentó la tragedia en X, calificándola de recordatorio de los riesgos compartidos. Sin embargo, el 20 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su Gobierno no sabía de la presencia de los estadounidenses y pidió información para determinar si hubo violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, que exigen acreditación federal para agentes extranjeros y prohíben investigaciones sin autorización expresa.
El 21 de abril, CNN y otros medios revelaron que los fallecidos eran agentes de la CIA, trabajando con autoridades mexicanas en operaciones antidrogas. Esto generó críticas a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, del PAN. El Senado, de mayoría Morena, la invitó a declarar, y el 23 de abril Campos se reunió en privado con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sin dar detalles.
Al día siguiente, Campos publicó una foto con García Harfuch y afirmó coincidir con Sheinbaum en que los gobiernos deben trabajar juntos por la seguridad y la soberanía, dentro del marco legal. La controversia continúa, con llamados a esclarecer la presencia de la CIA en México.
