Arizona reconoce tráfico de armas hacia México y enfrenta cargos por terrorismo
Arizona reconoce tráfico de armas hacia México y enfrenta cargos por terrorismo

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, reconoció que su estado enfrenta un grave problema de tráfico de armas de fuego que terminan en manos de cárteles mexicanos. La declaración se da en el contexto de una demanda interpuesta por México desde 2022 contra cinco armerías de Arizona, acusadas de vender armamento a sabiendas de que sería destinado a grupos criminales organizados en territorio mexicano.

El gobierno de México podría agregar como argumento en la demanda el agravante de cargos por “apoyo material al terrorismo”. Esto surge tras un caso en el que Laurende Gray, dueño de una armería en Arizona, y su empleado Barrett Weinberger, de 65 y 73 años, fueron acusados inicialmente de exportación ilegal de armas. A finales de marzo, un gran jurado retomó el caso bajo la óptica de que los grupos a los que vendieron las armas —el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa— han sido designados organizaciones terroristas desde febrero de 2024. Los cargos ahora incluyen apoyo directo al terrorismo, ya que las ventas ocurrieron después de esa fecha.

El fiscal Mayer tiene otro caso en Arizona con 20 acusados arrestados en octubre pasado por conspirar para traficar 334 armas de fuego de distintos calibres. Los cargos actuales son por “conspiración de tráfico de armas de fuego a gran escala que suministró armas a organizaciones de narcotráfico en México”. Se espera que, al mencionar por nombre a esas organizaciones, el grupo enfrente cargos por apoyo material al terrorismo.

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La Administración para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) informó que el 74% de las armas incautadas al crimen organizado en México provinieron de los cuatro estados fronterizos de EE.UU., y el 62% de esas armas se vendió en negocios de Arizona, según la fiscalía estatal. En Arizona, las compras de armas pueden realizarse en armerías establecidas o mediante transacciones entre particulares sin mayores requisitos, a diferencia de California, donde se requieren verificaciones federales y estatales que pueden tomar varios días.

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