La acusación contra Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, ha puesto al gobierno de Claudia Sheinbaum en una encrucijada política. Washington, bajo la nueva estrategia antidrogas de Donald Trump, exige la extradición del exmandatario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La Casa Blanca ha colocado a México ante un dilema de alto costo: proteger a Rocha Moya o ceder a la presión estadounidense para detenerlo y extraditarlo.
El periodista Jesús Esquivel, desde Proceso, describe la situación como una “bomba narcopolítica” que estalla en un momento de endurecimiento de las relaciones bilaterales. La solicitud de extradición fue adelantada por Washington, mientras México reclama pruebas que, según Esquivel, no serán entregadas completas antes de un juicio, ya que los fiscales no “queman sus cartas” antes de tiempo. Esto deja a Sheinbaum presionada a actuar sin tener toda la información que exige para justificar su decisión.
La coyuntura fusiona dos tiempos políticos: la ofensiva de Trump contra los cárteles y una crisis interna para Morena. Si Sheinbaum no actúa, la oposición la acusará de encubrimiento; si actúa, pagará el costo de entregar a un exgobernador morenista bajo presión extranjera. El gobierno federal queda atrapado entre la soberanía, el costo político y el riesgo de ser etiquetado como narcogobierno.
