Juicios por despojo que superan las dos décadas sin resolverse, edificios donde la policía desalojó a invasores que regresaron horas después, y denuncias de intento de feminicidio son parte de las negligencias que víctimas de este delito atribuyen a las autoridades de la Ciudad de México. Los casos ocurren en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde los afectados aseguran que la Fiscalía local y el Gobierno capitalino no han dado respuesta efectiva.
Intentos de feminicidio y fraudes notariales en el despojo
Norma Reyes, administradora del edificio en Tonalá 351, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México que el inmueble fue invadido hace un año y medio. “En ese momento estaban remodelando los departamentos y los mismos vecinos inventaron que el dueño había fallecido, lo cual era mentira, y ellos mismos metieron más gente de afuera e invadieron los departamentos”, narró en conferencia de prensa.
El 11 de junio, mientras intentaba cambiar la chapa de un departamento, uno de los invasores intentó apuñalarla. “A mí me quiso acuchillar uno de los invasores, fue un intento de feminicidio. Eso fue el pasado 11 de junio, exactamente el día que empezó el Mundial”, relató. La agresión fue denunciada y catalogada como intento de feminicidio, pero la fiscalía no ha actuado: “Nada, ahorita nos tenemos que esperar a ver qué nos dicen o cómo se va a proceder”.
Desalojos fallidos y sellos rotos
El 28 de julio, las autoridades supuestamente desalojaron a los invasores del edificio de Tonalá, pero “como a las dos horas se volvieron a meter, rompieron los sellos y se metieron”, denunció Reyes. Este patrón de desalojos sin seguimiento se repite en otros casos, como el de Lorena Aguilar, cuya familia fue despojada de dos locales comerciales en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, hace 13 años.
“Mi inmueble se encuentra en el retorno 23 de Cecilio Robelo... mi padre heredó dos accesorias comerciales de mi abuela... una semana después de salir de vacaciones nos encontramos las accesorias invadidas, allí pusieron un local con antojitos mexicanos, otro con una estética canina”, recordó Aguilar. Tras años de litigio, una jueza ordenó el desalojo, pero los invasores “se ampararon” y posteriormente vendieron fraudulentamente el inmueble: “Fueron a escriturar y fraudulentamente a vender el inmueble de mi padre a Hidalgo en la notaría número seis con el licenciado Octavio Eduardo Soto Hernández, un notario que hasta el 2022 obtuvo su cédula profesional como abogado”, afirmó.
Fianzas y falta de respuesta gubernamental
Aguilar explicó que los locales fueron vendidos en 2020, y desde entonces su familia lucha en el Registro Público de la Propiedad, donde les piden una fianza de 10% del valor del inmueble “para poder blindarlo y que los delincuentes no vayan a ser afectados (en sus negocios) si perdemos el juicio”. Este año acudieron al Zócalo Ciudadano con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, “y tampoco ha habido respuesta”.
Juan Manuel Betancourt, quien padece cáncer desde hace 14 años y no puede trabajar, denunció que su despojo lleva 28 años. “Hay muchas personas coludidas... lamentablemente, funcionarios del partido Morena, lamentablemente se ve que el señor René Benjarano sigue haciendo de las suyas con la prepotencia que tiene su esposa Dolores Padierna”, expresó. Su vivienda se ubica en la colonia Américas Unidas, alcaldía Benito Juárez, y responsabilizó al exfiscal local Ulises Lara: “A él lo hago responsable, ya que fue el último que pidió mi averiguación previa y me la desaparecieron”.
Impunidad en la procuración de justicia
Betancourt afirmó que la fiscal Bertha Alcalde Luján le “dijo que no hay nada que hacer, que lo siente mucho”. Estos testimonios reflejan una crisis de impunidad en la Ciudad de México, donde los procesos de despojo se prolongan por décadas y las víctimas enfrentan obstáculos como amparos, fraudes notariales y falta de acción de las autoridades.
Los afectados exigen una respuesta efectiva del Gobierno capitalino y de la Fiscalía local, así como la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para resolver estos casos que han sido ignorados sistemáticamente.
