Una jueza determinó no vincular a proceso a la síndica municipal Patricia “N”, la regidora Azucena “N” y el tesorero Alejandro Bladimir “N” del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, quienes fueron detenidos durante el operativo Enjambre acusados de extorsión agravada y delincuencia organizada. La jueza consideró que no existían pruebas suficientes para sostener la imputación.
La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) presentó 21 datos de prueba, pero la defensa los calificó como débiles y contradictorios. El abogado Javier Sebastián Insunza Villalobos señaló que no había testigos, videograbaciones, geolocalización ni ninguna prueba científica que ubicara a sus clientes en el lugar y momento del supuesto delito.
La denuncia fue presentada por el alcalde Noé Reynoso Nava, del PT, quien afirmó que los funcionarios estaban vinculados con Carlos “N”, presunto enlace con La Familia Michoacana. Sin embargo, la jueza encontró discrepancias graves, como la imposibilidad de verificar la presencia de los acusados en el cabildo y la falta de pruebas técnicas o testimonios corroborados.
El caso evidenció pugnas internas en el ayuntamiento. Patricia “N” y Azucena “N” habían denunciado irregularidades administrativas, incluido un aumento del mil por ciento en el costo de recolección de basura. La defensa también destacó que el alcalde citó a los acusados a una sesión de cabildo para aprobar una licencia de 90 días, momento en que fueron detenidos.
El operativo Enjambre contó con fuerzas federales y estatales, pero la Fiscalía General del Estado de Morelos llevó el proceso. La defensa subrayó que la Fiscalía federal especializada en delincuencia organizada no intervino, lo que habría ocurrido si hubiera existido una investigación sólida por ese delito.
