Los abogados del senador mexicano Enrique Inzunza se han acercado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para gestionar su ingreso como testigo cooperante, según informó una fuente del Departamento a EL UNIVERSAL. Inzunza, quien fue secretario General de Gobierno de Sinaloa bajo el mandato de Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones de haber sido enlace entre Los Chapitos y el exgobernador.
La fuente detalló que un narcotraficante que se entrega y ofrece información puede ser considerado testigo cooperante, y si existe riesgo de represalias, podría ingresar al programa de protección de testigos (WITSEC). Ambas figuras son distintas pero pueden aplicarse simultáneamente. Quienes realizan la gestión deben ser abogados estadounidenses registrados en EU.
El primer contacto suele ocurrir en la embajada de Estados Unidos en México, donde operan enlaces legales y agencias como la DEA y el FBI. Los defensores mexicanos presentan la intención de colaborar, un paso crucial que establece el canal diplomático y evita que la propuesta sea vista como un intento de evadir jurisdicciones, explicó el abogado internacionalista Jaime Ortiz.
La negociación sustantiva ocurre en Estados Unidos, donde los abogados mexicanos se coordinan con abogados federales estadounidenses, los únicos autorizados para dialogar con fiscales del DoJ. El proffer agreement es central: un documento donde el acusado ofrece información a cambio de beneficios legales. La credibilidad es clave; si el testimonio es útil y verificable, el fiscal puede recomendar reducciones de cargos.
Un testigo cooperante puede ser protegido, pero no todo testigo protegido es cooperante. La distinción es fundamental para que los abogados naveguen entre ambas categorías. Todo depende de la voluntad política y la confianza mutua; un error de procedimiento o una filtración puede romper el proceso. Sin embargo, cuando funciona, la cooperación permite desmantelar redes criminales que ningún país podría enfrentar solo.
En la acusación del Departamento de Justicia, Inzunza es señalado como enlace entre Los Chapitos y Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa para no entorpecer las investigaciones de la FGR.
