La Fiscalía General de la República (FGR) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigan a Guillermo Santillán Ortega, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), por su presunta participación en una red de operaciones financieras irregulares vinculadas a casinos en línea en al menos tres países de Latinoamérica.
Las indagatorias apuntan a una estructura que incluye sitios de apuestas como CityBets y CrownCity, además de empresas como Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste y Compañía Operadora Megasport. Estas entidades están relacionadas con el grupo empresarial de los Bermúdez Requena, cuyos movimientos financieros son objeto de revisión.
La red de los Bermúdez Requena diversificó sus actividades en sectores como construcción, energía y apuestas. El inicio de la familia en el sector de juegos data de 2011, cuando Humberto Bermúdez, hermano de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco detenido—, constituyó en la Ciudad de México la empresa Crown City Premium, SA de CV. En noviembre de 2017, Humberto Bermúdez y Arguedas Troyo crearon en Tabasco la Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, encargada de los sitios digitales CrownCity y CityBets, así como del casino Crown Supreme.
La red empresarial también tiene presencia en Paraguay, donde Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, participa como socio de Montego Trading, SA, dedicada a apuestas deportivas. Esta empresa obtuvo autorización en 2017, pero ese mismo año el gobierno paraguayo otorgó la concesión exclusiva del sector a Daruma Sam, SA, operadora de Apostala, mediante licitación. Desde entonces, Montego Trading enfrenta litigios por operar sin permiso.
Santillán Ortega fue extitular de la Unidad de Enlace Federal de la Segob en los sexenios panistas. Tras su paso por el servicio público, su nombre apareció en el ámbito de juegos y sorteos, donde las investigaciones apuntan a que fungía como intermediario o asesor para operadores del sector. Hasta el momento no hay imputaciones formales en su contra.
