Entre 2013 y 2023, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México aplicó 799 sanciones administrativas a 516 funcionarios, según un análisis de El Universal. De estas, 681 corresponden a agentes del Ministerio Público, y la sanción más frecuente fue la suspensión temporal de 15 días, con 274 casos registrados.
Especialistas consultadas señalaron que la baja cantidad de sanciones y los plazos cortos se deben al desconocimiento ciudadano para denunciar y a la falta de personal en las fiscalías, lo que lleva a aplicar medidas rápidas. Claudia Ivette Morales, de Impunidad Cero, indicó que las instituciones optan por sanciones leves por ser más fáciles de controlar, pero advirtió que el seguimiento posterior es deficiente y no se informa adecuadamente a las víctimas.
El caso de Edith Guadalupe, víctima de feminicidio, evidenció fallas en la FGJ, como retrasos en la búsqueda y solicitudes de dinero a la familia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, separó a tres funcionarios por las irregularidades. Las sanciones incluyen suspensiones de 3 a 90 días, siendo 15 días la más común, seguidas de 3 días (126 casos).
En 2018 se emitieron 204 resoluciones de sanción, mientras que en 2023 solo 12, una reducción del 94%. Leslie Jiménez Urzúa, especialista de la UNAM, explicó que los periodos cortos buscan no afectar las guardias ni los sueldos de los funcionarios. Los agentes del Ministerio Público concentran la mayoría de las sanciones (681), seguidos de oficiales secretarios (64), policías de investigación (11) y peritos (8).
