El Congreso de Guanajuato aprobó la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales (RPPAS), que incluirá los nombres de personas sentenciadas por delitos sexuales y feminicidio. La reforma al Código Penal del Estado establece que la reparación del daño moral no exime a los sentenciados de ser inscritos en este padrón.
El juez penal deberá ordenar obligatoriamente la inscripción por delitos como feminicidio, trata de personas menores de 18 años, abuso sexual contra menores, acoso y hostigamiento sexual en agravio de menores, afectación a la intimidad, captación y tráfico de menores, corrupción de menores e incapaces, explotación sexual y lenocinio.
El diputado independiente Sergio Contreras Guerrero señaló que el RPPAS busca prevenir nuevos delitos y proteger a las víctimas, al ser una consecuencia jurídica de una sentencia judicial solo aplicable a quienes han sido hallados culpables. La diputada Susana Bermúdez Cano agregó que la reforma impactará directamente en la vida de las víctimas de delitos sexuales y sus familias.
La inscripción procederá cuando haya sentencia firme y permanecerá durante toda la pena de prisión, más un periodo adicional de diez años tras la liberación. Aplicará incluso si la pena es sustituida o suspendida. La Fiscalía General del Estado será la encargada de administrar y operar el registro.
En contra, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia argumentó que el registro es inconstitucional, pues opera como una sanción adicional que contraviene el artículo 22 constitucional por desproporcionalidad y vulnera derechos como la reinserción social y la privacidad. Afirmó que una mala ley no protege y genera falsas expectativas.
