Morelos enfrenta una señal de alarma que la administración de la gobernadora Margarita González Saravia no puede reducir a simples reportes aislados: al menos 30 denuncias presentadas por niñas, niños y adolescentes han sido recibidas por instancias de protección del Sistema DIF estatal, entre casos de acoso escolar, violencia familiar, omisión de cuidados y posibles agresiones sexuales.
La cifra, por sí sola, ya resulta preocupante. Pero el dato más grave es que cerca de la mitad de esos reportes, es decir, alrededor de 15 casos, habrían derivado en denuncias penales por la presunta comisión de algún delito contra menores de edad.
Violencia infantil en Morelos: datos alarmantes
Aunque las autoridades han señalado que las denuncias se reciben a través de pláticas en escuelas, jornadas municipales y buzones anónimos, el volumen de casos expone una realidad incómoda para el gobierno estatal: la violencia contra la infancia no está siendo contenida desde la prevención. Llega a las instituciones cuando el daño ya ocurrió o cuando los menores encuentran, casi como último recurso, un espacio para pedir ayuda.
Los reportes incluyen casos de bullying, maltrato dentro del hogar, violencia entre padres, omisión de cuidados y situaciones de posible acoso o abuso sexual. En algunos casos, los equipos multidisciplinarios han tenido que intervenir directamente en domicilios para entrevistar a familiares, revisar condiciones de vida y determinar si existe algún delito que deba ser denunciado ante el Ministerio Público.
Contradicción en el discurso oficial
La administración de González Saravia enfrenta así una contradicción evidente: mientras se habla de protección a niñas, niños y adolescentes, los datos muestran que las escuelas, los hogares y los entornos comunitarios siguen siendo espacios de riesgo para muchos menores en Morelos.
El problema también alcanza a Cuernavaca, donde fueron detectados tres casos de alumnos de primaria con cuadros de estrés o ansiedad relacionados con bullying, inseguridad, violencia, omisión de cuidados o procesos familiares como divorcios. Además, se identificó el caso de un menor que se autolesiona mediante cutting, situación que tuvo que ser canalizada a los servicios de salud por su complejidad.
Un solo caso ya es grave
Aunque las autoridades municipales han señalado que se trata de un número reducido, el dato no puede minimizarse. En materia de infancia, un solo caso de violencia, abuso, ansiedad severa o autolesión debería bastar para activar una revisión profunda de las políticas públicas. Mucho más cuando los reportes estatales muestran que varias denuncias ya llegaron al terreno penal.
El gobierno de Morelos tiene frente a sí un problema que no se resuelve con jornadas, buzones o pláticas escolares si estas acciones no van acompañadas de seguimiento real, atención psicológica suficiente, coordinación con fiscalías, vigilancia en planteles y apoyo directo a familias en crisis.
La infancia morelense está hablando, lo hace en buzones, en escuelas, en entrevistas con psicólogos y, en los casos más graves, a través de heridas visibles o silenciosas; sin embargo, de qué sirve que hablen ante los sordos oídos de la gobernadora Margarita González Saravia.
