La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Liz Salgado, exhortó a las autoridades de la Ciudad de México a actuar con urgencia para frenar a los llamados cárteles del despojo, luego de las protestas vecinales ocurridas esta semana en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. El caso del inmueble en la calle Matías Romero encendió las alarmas sobre el modus operandi de redes criminales que se apoderan ilegalmente de propiedades.
Preocupación por estructuras organizadas
“Lo que hoy preocupa a los vecinos no es únicamente la ocupación ilegal de un inmueble; preocupa que detrás de muchos casos existan estructuras organizadas que aprovechan vacíos legales, documentos presuntamente falsificados y posibles redes de complicidad para afectar el patrimonio de las personas”, advirtió la legisladora. Salgado subrayó que el caso de la Del Valle demuestra cómo estas mafias operan mediante falsificación de documentos y suplantación de identidad para apoderarse del patrimonio familiar.
Cifras alarmantes de despojo
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), entre enero de 2020 y abril de 2026 se han acumulado más de 25 mil carpetas de investigación por el delito de despojo. La tendencia mantiene un ritmo preocupante: solo entre enero de 2025 y abril de 2026 se abrieron más de 5 mil nuevas denuncias. Estas estadísticas reflejan una crisis patrimonial que afecta a miles de familias capitalinas.
Baja efectividad en detenciones
A pesar del alto número de denuncias, la efectividad de las instituciones de procuración de justicia sigue siendo insuficiente. En el periodo de seis años analizado, únicamente se han reportado 463 personas detenidas, una cifra que representa menos del 2% del total de casos iniciados. “Las cifras reflejan una realidad preocupante: para miles de familias denunciar no necesariamente significa recuperar su patrimonio o ver sancionados a los responsables”, puntualizó Salgado al cuestionar el bajo índice de judicialización.
Reformas y Gabinete Contra el Despojo
El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas en 2025 para endurecer las penas contra el despojo, pero la aplicación de la ley sigue en deuda con las víctimas. La legisladora reconoció la creación del Gabinete Contra el Despojo como un paso de coordinación institucional, pero demandó certidumbre sobre su impacto real. “Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuántas denuncias ha atendido el Gabinete, cuántos inmuebles han sido restituidos a sus legítimos propietarios, cuántas personas han sido procesadas gracias a su intervención, cuáles son los tiempos promedio de atención y qué indicadores demuestran que la estrategia está dando resultados”, aseveró.
Exigencia de resultados concretos
El combate a la impunidad requiere que la FGJCDMX agilice sus procesos de investigación y que el Gobierno capitalino rinda cuentas claras sobre sus acciones. Para la representante del PAN, el marco legal vigente debe traducirse en restituciones efectivas y desarticulación de bandas operativas. “La Ciudad ya fortaleció su legislación y creó un Gabinete especializado. Ahora corresponde demostrar que esas herramientas están funcionando; las familias necesitan recuperar su patrimonio, obtener justicia y tener la certeza de que el Estado actuará con oportunidad”, concluyó la diputada.
