El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la reforma electoral impulsada por Morena, conocida como la Ley Maduro, no debe analizarse como un ajuste técnico, sino como un proyecto político que se discute en un contexto alarmante de infiltración del crimen organizado en la política. Señaló que nunca en la historia reciente del país se habían acumulado tantos señalamientos, filtraciones, investigaciones abiertas y sanciones internacionales contra actores políticos en funciones, sin que exista un solo desenlace institucional serio.
Romero Herrera subrayó que reducir el financiamiento público y debilitar los controles electorales sin fortalecer la fiscalización no limpia la política, sino que normaliza el dinero criminal en las campañas. “Cuando el dinero ilegal llega al poder, la justicia se detiene. Reducir controles electorales en este contexto es oficializar la injerencia del crimen organizado en las campañas”, afirmó.
El dirigente panista recordó que existen tramas documentadas de vínculos entre estructuras criminales y actores políticos cercanos al régimen, como los casos del huachicol fiscal, el grupo Carmona, La Barredora, así como situaciones graves en entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Michoacán y Baja California, además de la revocación de visas a diversos actores políticos vinculados a Morena.
Romero Herrera lanzó un reto a Morena: “Si de verdad quieren una reforma electoral para limpiar la democracia, ¿están dispuestos a que cualquier partido político que se haya financiado con dinero del crimen organizado pierda su registro? ¿Están dispuestos a que se anule cualquier elección en la que se compruebe financiamiento ilícito?”.
El presidente nacional del PAN recordó que en las elecciones de 2021 y 2024 se documentó intervención directa del crimen organizado mediante violencia, coacción del voto, control territorial y financiamiento ilegal, sin que se haya sancionado políticamente a quienes se beneficiaron de esas prácticas. Por ello, advirtió que cualquier reforma electoral debe incorporar mecanismos reales contra la narcopolítica, como la revisión rigurosa de perfiles, la exclusión de candidaturas vinculadas al crimen organizado, sanciones efectivas que incluyan la nulidad de elecciones contaminadas y la pérdida del registro de partidos que reciban dinero ilícito.
“Esto no es una discusión sobre una ley. Está en juego la democracia, el Estado de derecho y la soberanía misma del país. Las elecciones se ganan con votos, no con miedo, no con dinero del narco ni con árbitros sometidos; en el PAN defendemos a nuestra patria”, concluyó Jorge Romero.
