El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca que los adolescentes de 16 a 18 años que cometan delitos sean juzgados bajo la justicia penal ordinaria, generando controversia en el país. Actualmente, los menores de 18 años están sujetos al Código de Menores y son inimputables en el sistema penal para adultos.
La propuesta del fiscal argumenta que es necesario declarar imputables a los jóvenes de 16 a 18 años para combatir su participación en asesinatos y sicariato. El proyecto establece que un juez de la Niñez y Adolescencia debe determinar si el menor actuó con discernimiento; de ser así, sería juzgado como adulto y cumpliría su condena en centros especializados hasta los 18 años, y luego en una cárcel común.
Sin embargo, el gobierno se opone a la medida. El ministro de Justicia, José Serrano, presentó un proyecto alternativo que no incluye la imputabilidad de menores, sino que endurece las penas para adultos que utilicen a menores en delitos, con sanciones de 12 a 16 años de prisión por entregar armas a adolescentes. Serrano afirmó que solo el 0,05% de los adolescentes de 14 a 17 años ha sido detenido por infracciones penales.
La presidenta de la comisión legislativa de Justicia, María Paula Romo, señaló que la propuesta del fiscal choca con la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Gilberto Rubio, director de un centro para adolescentes infractores, también se opuso, destacando la importancia de analizar las causas sociales y familiares detrás de los delitos cometidos por menores.
