La Secretaría de las Mujeres celebró la Declaratoria de Reforma Constitucional al artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. La declaratoria fue emitida ayer tras recibir el aval de 27 congresos locales.
El Congreso tiene ahora un plazo de 180 días naturales para legislar y publicar la ley, que establecerá la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, con perspectiva de género y protocolos especializados. La normativa unificará el tipo penal a nivel nacional y fijará penas de entre 40 y 70 años de prisión.
El delito de feminicidio no prescribirá, se perseguirá de oficio y no admitirá beneficios procesales, indultos ni amnistías. El agresor perderá la patria potestad sobre sus hijas e hijos, los derechos sucesorios y cualquier otro beneficio legal vinculado a la víctima.
La nueva ley ampliará el catálogo de razones de género que deberán considerarse al investigar el delito, incluyendo antecedentes de violencia, relación de pareja o confianza, violencia sexual, desaparición previa y contextos de desigualdad o subordinación. Las penas aumentarán si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, tiene alguna discapacidad, está embarazada, pertenece a un pueblo indígena, es periodista o defensora de derechos humanos, o si el crimen es cometido por un servidor público.
Las políticas de prevención quedarán a cargo de la Secretaría de las Mujeres, que coordinará el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres. Los tres órdenes de gobierno deberán contar con fiscalías y unidades especializadas, personal pericial capacitado y recursos suficientes.
El Estado mexicano asumirá la responsabilidad de la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, incluyendo la creación de registros nacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Con esta declaratoria, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza en el compromiso de transformar el sistema de justicia y reafirma que erradicar la violencia feminicida es una responsabilidad estatal.
