El Senado de la República enfrenta una nueva contradicción entre su discurso legislativo y sus prácticas administrativas. Aunque el pleno aprueba leyes que protegen la libertad sindical, las autoridades administrativas despidieron a un trabajador de intendencia apenas tres días después de que un juez ordenara su afiliación a un sindicato. Este es el segundo caso en poco más de un año en que empleados de limpieza son cesados por intentar agremiarse.
Despido tras orden judicial
Rafael García Durán, trabajador de intendencia, se afilió al Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana. El Senado desconoció su calidad de trabajador, por lo que el sindicato promovió un juicio de amparo indirecto. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, mediante el expediente 329/2026, ordenó su afiliación al gremio al comprobarse su relación laboral con el Senado.
El 23 de junio, el sindicato notificó al secretario general de Servicios Administrativos del Senado, Óscar Palomera Cano, que García Durán era ya parte del gremio por mandato judicial. Sin embargo, el 26 de junio, el director general de Recursos Humanos, José Manuel Treviño López, informó al trabajador que su puesto sería eliminado debido a una reestructuración administrativa, cesándolo efectivamente el 30 de junio.
Acusaciones de represión sindical
El dirigente sindical Salvador Lozano denunció en un video difundido en YouTube que el despido fue una represalia directa por la afiliación de García Durán. “Esto significa que hay represión por parte de las autoridades del Senado de la República en contra de esta organización sindical, porque éste es un acto de intimidación contra todos los trabajadores de intendencia que pretenden afiliarse”, declaró. Lozano advirtió que, de no reinstalar a García Durán, el sindicato podría recurrir a una huelga y a un plantón frente al Salón de Sesiones.
El propio Rafael García Durán, también en un video, afirmó: “Fui despedido nada más por haberme afiliado al sindicato que representa Salvador y por este medio [pido] que me puedan reinstalar. Padezco diabetes y pues me despidieron por una supuesta reestructuración, pero no es así”. Además, desmintió versiones internas que sugerían que su despido se debió a un robo: “En ningún momento he robado algo; mi trabajo habla por mí”.
Antecedentes de despidos similares
No es la primera vez que el Senado toma medidas contra trabajadores de limpieza que buscan sindicalizarse. En febrero de 2025, 13 trabajadoras de limpieza fueron despedidas bajo el argumento de una reestructuración, aunque varias de ellas habían manifestado su intención de unirse a un sindicato. Excélsior reportó en su momento que, pese a promesas de reinstalación, las trabajadoras perdieron sus empleos dos meses después de ser contratadas directamente por el Senado, tras cancelar el contrato con la empresa Fonatur, que antes asumía el pasivo laboral y la seguridad social de ese personal.
Omisión de la Mesa Directiva
El sindicato notificó a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, el 3 de julio sobre la situación de García Durán, pero hasta el momento no ha habido intervención. Salvador Lozano calificó el hecho como un agravio a la organización sindical y una violación a la ley. “Si no lo reinstalan, nos vamos a ver en la necesidad de ponernos hasta en huelga y vamos a poner nuestras casas de campaña afuera del Salón de Sesiones”, advirtió.
El caso evidencia la brecha entre la defensa de los derechos laborales que el Senado promueve en sus leyes y la realidad que enfrentan sus propios empleados. La libertad sindical, protegida por la Constitución y por tratados internacionales, parece no aplicarse dentro de la propia institución legislativa.
