Una ola de indignación recorre las redes sociales ante el creciente número de denuncias por maltrato animal en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Activistas y ciudadanos señalan una crisis de crueldad y negligencia, acusando directamente a la administración de la presidenta municipal, Ana María Castro Fernández, de omisión y encubrimiento.
Más de 950 denuncias en el Edomex
El Estado de México enfrenta una problemática grave, con más de 950 denuncias registradas ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem). Dentro de este contexto, Tultitlán ha emergido como un punto crítico debido a sus elevados índices de abandono y crueldad animal, situación que además coloca en una posición de vulnerabilidad a los rescatistas independientes que operan en la zona.
El caso de Diana Belén García Alfaro
La tensión se agudizó tras el fallecimiento de la activista Diana Belén García Alfaro, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 25 de marzo. Diana, quien dedicaba su vida al rescate de perros abandonados en el municipio, había denunciado previamente actos de crueldad contra los animales bajo su cuidado, señalando directamente a sus vecinos como responsables.
Acusaciones contra funcionarios públicos
Las denuncias no se limitan a particulares; activistas han apuntado hacia el corazón del gobierno municipal. Eli Barbie, defensora de animales, denunció públicamente a Jesús “N”, actual jefe de la Oficina de Control y Bienestar Animal de Tultitlán, por presuntos actos de maltrato en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, la activista Olivia Tavares ha afirmado que el funcionario y su equipo utilizan la electrocución como método para sacrificar animales, una práctica prohibida por la ley. Tavares sostiene que el personal involucrado continúa en sus cargos bajo la protección de la alcaldesa Ana Castro, y afirma contar con los folios de las denuncias formales ya interpuestas.
Exigen destituciones y aplicación de la ley
Ante esta situación, diversos colectivos, animalistas y activistas han lanzado un llamado urgente a las autoridades estatales y federales exigiendo la destitución inmediata de los funcionarios señalados y aplicación de la ley, creación de un registro de agresores y la prohibición perpetua de tenencia animal para los mismos, auditoría total y entrega de expedientes.
Los manifestantes han advertido que no cesarán en su lucha, amenazando con movilizaciones y cierres viales si las autoridades no intervienen de manera inmediata para frenar lo que consideran un encubrimiento de actos criminales contra la fauna del municipio.
