En la ciudad de Ozoro, al sur de Nigeria, el festival Alue-Do, un rito ancestral del pueblo Isoko que celebra la fertilidad y la continuidad comunitaria, se convirtió este año en escenario de una ola de agresiones contra mujeres y niñas. El evento, que congregó a más de dos millones de personas, desató una crisis que obligó a las autoridades a intervenir, aunque la noticia pasó casi inadvertida en la agenda internacional, opacada por conflictos geopolíticos mayores.
Prohibición y explicaciones insuficientes
El festival fue posteriormente prohibido, y algunos líderes comunitarios atribuyeron la violencia a “malinterpretaciones” de los jóvenes participantes. Sin embargo, como señala la especialista en género y ex primera dama del estado de Ekiti, Bisi Adeleye-Fayemi, el Alue-Do nunca fue concebido considerando la dignidad de las mujeres. Esta perspectiva obliga a ir más allá de la narrativa del “exceso individual” y a cuestionar las condiciones estructurales del evento: prácticas, reglas y significados que normalizan o incluso habilitan la violencia.
Preguntas incómodas sobre tradición y derechos
El caso plantea interrogantes cruciales: ¿dónde termina la tradición y comienza la violencia? ¿Puede la cultura justificar la vulneración de derechos? ¿Cómo resolver la tensión entre el relativismo cultural y los estándares universales de dignidad? En el plano normativo, la respuesta es clara. Nigeria es Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que exige modificar patrones socioculturales basados en la subordinación de las mujeres. El Protocolo de Maputo refuerza este mandato al exigir la eliminación de prácticas nocivas, independientemente de su carácter ancestral. Asimismo, Naciones Unidas define las prácticas nocivas como costumbres que dañan la salud, la integridad o los derechos de mujeres y niñas.
Más allá de las definiciones: poder y violencia estructural
Detrás de toda tradición hay relaciones de poder que determinan quién se beneficia y quién asume los costos. El reconocimiento jurídico no siempre se traduce en transformación social. Tradiciones como el Alue-Do operan dentro de estructuras que condicionan el comportamiento: al establecer que las mujeres deben evitar ciertos espacios para no ser agredidas, se desplaza la responsabilidad hacia las víctimas. Esto constituye violencia estructural, un sistema de normas y prácticas que hace posible y previsible la agresión.
Prohibir no basta: transformar las normas sociales
Prohibir un festival o sancionar a los responsables es un paso necesario, pero insuficiente. Si no se cuestionan las normas sociales que sostienen esas prácticas, el problema reaparece en otras formas. La disyuntiva no es entre preservar la cultura o eliminarla, sino entre reproducir tradiciones acríticamente o transformarlas a la luz de principios básicos de dignidad humana. Esta pregunta debería aplicarse no solo a otras culturas, sino también a las propias: ¿qué prácticas llamamos “tradición” cuando en realidad perpetúan la desigualdad?
El papel de los estudios internacionales
Desde los estudios internacionales, casos como el Alue-Do recuerdan que no se trata de un choque entre culturas y derechos, sino de entender cómo cambian las normas en el mundo. Las reglas internacionales se construyen, negocian y cuestionan desde distintos contextos. El reto no es imponer modelos externos ni aceptar cualquier práctica en nombre de la tradición, sino encontrar caminos para transformar lo que daña sin borrar lo que da identidad. Los estudios internacionales ayudan a ver ese punto intermedio, donde se respeta la diversidad pero se ponen límites claros cuando se vulnera la dignidad.
Al final, cuando están en juego la seguridad y los derechos de mujeres y niñas, no estamos hablando solo de cultura, sino de justicia.
Nota del editor: Laura Zamudio González es profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Sofía Constanza Ortega Suárez es estudiante de Licenciatura en Relaciones Internacionales de la misma institución. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a las autoras.
