El rechazo del gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU refuerza la idea de que el país está controlado por el crimen organizado, con inseguridad y sin estrategias contundentes, como acusa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
Israel Muñoz Cruz, presidente de la Comisión de Derecho Internacional y Migratorio del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, consideró que el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue desafortunado al calificar como “sesgadas” las observaciones de la ONU. Señaló que hay baja profesionalización en los casos de personas desaparecidas y una crisis forense.
René Bolio Halloran, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), indicó que México, sin guerra, tiene los índices más altos de desapariciones, lo que alerta a organismos internacionales. Afirmó que el Estado permite y tolera estas desapariciones, contribuyendo al poder de fuerzas paralelas.
Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, también participó en el análisis. El Comité de Desapariciones Forzadas publicó un informe el 2 de abril, señalando que el delito podría considerarse crimen de lesa humanidad, y pidió discutirlo en la Asamblea General de la ONU en septiembre.
El nuevo canciller, Roberto Velasco Álvarez, deberá combatir las declaraciones de Trump que justifican su discurso intervencionista. Las desapariciones forzadas en México serán discutidas en Nueva York frente a todas las naciones.
