El 3 de enero de 2026 marcó un parteaguas en la historia de Venezuela. Ese día, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar para capturar al presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, lo que provocó varios cambios económicos y políticos en el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Sin embargo, el 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon a Venezuela de manera casi simultánea, dejando al menos 2,300 muertos y 50,000 desaparecidos, según estimaciones de la ONU. Miles más se quedaron sin techo y enfrentan escasez de alimentos.
El poder: entre Washington y Caracas
El cambio más importante de los últimos meses es la relación entre Estados Unidos y Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, otrora mano derecha de Maduro, guarda ahora una relación cercana con funcionarios estadounidenses, a los que ha recibido en Miraflores con sonrisas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con frecuencia halaga a Rodríguez, a quien califica de colaboradora cercana. También ha declarado en varias ocasiones que Venezuela está bajo su control.
“El poder reside principalmente en el gobierno de Trump, y Delcy tiene poco margen de maniobra en realidad”, dijo Phil Gunson, analista senior para los Andes del International Crisis Group. Desde la captura de Maduro, Venezuela ha hecho reformas para facilitar las inversiones extranjeras, sobre todo de compañías estadounidenses, en sectores claves como la explotación de hidrocarburos y minerales.
“Estados Unidos se lleva el petróleo, vende el petróleo y determina hasta qué punto el dinero regresa, cuánto dinero regresa y en qué momento”, indicó Gunson a Expansión. Washington no ha revelado públicamente cuánto petróleo venezolano ha vendido, cuántos ingresos ha recaudado o cómo ha utilizado esos fondos desde que se hizo con el control de las exportaciones petroleras, señala Roxana Vigil, especialista en seguridad nacional, en un artículo del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).
Para el analista del Crisis Group, este nivel de control va más allá de un simple "tutelaje", describiendo la situación actual de Venezuela como un "vasallaje", es decir, un estado absolutamente controlado que tiene un "amo externo". "Una gran pregunta es a dónde va Estados Unidos con esto. Es simplemente controlar a Venezuela para propio beneficio, y ni siquiera para beneficio de Estados Unidos, sino el beneficio de ciertos amigos y asociados del gobierno de Trump o realmente pretenden también dirigir este proceso hacia una verdadera transición política", indicó Gunson.
Sin perspectivas de transición democrática
Unos días después de la captura de Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una comparecencia ante el Senado que Estados Unidos tenía una hoja de ruta de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición democrática. Desde ese momento, el gobierno de Rodríguez ha dado algunos signos de mayor apertura política. Desde el 8 de enero, inició la liberación de cientos de presos políticos y un mes después, el 19 de febrero, promulgó una ley de amnistía por la que miles de personas presas por razones políticas podrían, en teoría, salir de prisión.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, como Human Rights Watch, señalan que la ley tiene graves deficiencias que excluyen a muchas personas que han sido detenidas arbitrariamente y su implementación en la práctica puede impedir la liberación de quienes deberían beneficiarse de esta ley. El último signo de apertura política fue el inicio de un diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la exparlamentaria Dinorah Figuera, sobre una transición democrática, con el respaldo de Estados Unidos, anunció el Departamento de Estado el jueves 18 de junio.
“A pesar de todo eso, no hay realmente ningún inicio de que hubiera empezado el proceso de preparar el terreno para una transición política”, dijo Gunson, quien afirma que Rodríguez, su hermano Jorge, jefe del Parlamento, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, no tienen la menor intención de entregar el poder voluntariamente, a menos que no tengan ninguna otra alternativa.
Los sismos desnudan al Estado venezolano
Los sismos del miércoles 24 de junio, considerados el peor desastre ocurrido en Latinoamérica, cambiaron las perspectivas para el país. El colapso de cientos de edificaciones dejó al menos 2,295 muertos, según el balance oficial actualizado el miércoles, mientras la ONU cifra en unos 50,000 los desaparecidos. Aunque el gobierno elude referirse a las personas desaparecidas, asegura que el día de los sismos había unos 30,000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6,461 fueron rescatados y más de 13,000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.
Pero poco a poco la atención gira hacia los miles que quedaron en la calle y para quienes no hay suficiente alimento, según advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Muchas de esas personas permanecen en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie. El gobierno contabiliza casi 13,000 damnificados por los terremotos, cifra muy lejana del estimado de la ONU de hasta siete millones de personas en esa condición. Muchos de ellos denuncian negligencia de las autoridades, mientras opositores exiliados pidieron el miércoles a Estados Unidos apartar de la reconstrucción al gobierno, al que acusan de corrupto.
“Un desastre de este tamaño deja mal parado a cualquier gobierno”, dijo el analista del Crisis Group, pero señala que en el caso venezolano ya había una fragilidad estatal que se vio reflejada con la respuesta en los sismos. Aunque sobre el papel existen instituciones como Protección Civil y bomberos, en la realidad no cuentan con presupuesto, equipos, personal ni liderazgo para responder a la emergencia, señala el especialista. “Entre la corrupción, la incapacidad, la insistencia en nombrar en puestos importantes a la gente que se destacaba por su lealtad política y no por su competencia, todo eso redujo la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía, de ofrecer servicios básicos, de ofrecer el servicio de salud, de servicios básicos como electricidad, todo eso está en piso”, dijo Gunson.
