Un tribunal en Arizona sentenció a 7 años y 2 meses de prisión al mexicano Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años, ex residente de Mexicali, Baja California, por su participación en una organización dedicada al tráfico de personas que operó durante años, transportando ilegalmente a migrantes de diversas nacionalidades hacia Estados Unidos.
Detalles de la condena
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saucedo-Huipio y sus cómplices facilitaron el viaje de aproximadamente 200 extranjeros, a quienes cobraron entre 10 mil y 70 mil dólares por el traslado, alojamiento y cruce fronterizo ilegal. La red operó entre 2018 y 2022, periodo en el que aumentó el flujo de personas que ingresaron de forma ilegal al país.
Los migrantes provenían de países como Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, así como de naciones latinoamericanas como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
Modus operandi y violencia
Según la acusación, Saucedo-Huipio coordinaba la llegada de grupos de migrantes hasta las inmediaciones de la frontera, donde de manera rústica los ayudaban a cruzar utilizando escaleras para trepar la valla metálica, agujeros en el suelo que sorteaban la cerca, o tablas para cruzar ríos. El agente especial Jason T. Stevens, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE en Arizona, señaló que el acusado supervisó directamente un caso en el que tres niños pequeños tuvieron que cruzar con una tabla de madera colocada sobre un cuerpo de agua.
Además de facilitar el cruce, la banda también robaba a los migrantes dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias, a menudo utilizando armas de fuego y cuchillos para intimidarlos. “Los traficantes de personas violentos como Saucedo-Huipio utilizan la intimidación, la violencia y la coacción para obtener ganancias económicas sin importar el daño causado”, declaró Stevens.
Declaraciones de las autoridades
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó: “El tráfico de personas no es un delito sin víctimas. Es un ataque directo a nuestra seguridad nacional y una explotación de algunas de las personas más vulnerables del mundo”. Agregó que la organización no solo transportaba inmigrantes ilegales, sino que también les robaba y los dejaba en situaciones desesperadas, generando problemas adicionales que heredan las comunidades y los programas gubernamentales.
Arresto y extradición
En marzo de 2023, Saucedo-Huipio fue detenido junto a Ofelia Hernández-Salas, de 63 años, líder de la organización, en Mexicali por autoridades mexicanas. Ambos fueron extraditados en diferentes momentos a Estados Unidos para enfrentar cargos de contrabando. Hernández-Salas se declaró culpable en diciembre de 2024 de conspiración para introducir extranjeros con fines de lucro y fue sentenciada a 11 años de prisión en mayo de 2025. En marzo de 2026, Saucedo-Huipio también se declaró culpable de conspiración para introducir personas extranjeras, y el lunes recibió su sentencia.
El Departamento de Justicia agradeció a las autoridades mexicanas, incluyendo a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su colaboración en la detención y extradición.
Grupo de Trabajo Conjunto Alfa
El caso fue investigado por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), integrado por diversas agencias de seguridad y coordinado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que combate el tráfico y la trata de personas de alto impacto cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales. Hasta la fecha, el JTFA ha logrado más de 458 arrestos nacionales e internacionales, más de 408 condenas en Estados Unidos, 357 penas de prisión significativas y la confiscación de bienes.
