Plan B generaría aumento de 1,500 regidores en 800 municipios mexicanos
El proyecto de ahorro conocido como plan B enfrenta graves contradicciones en su implementación, ya que obligaría a municipios pequeños a inflar sus nóminas y permitiría que dieciséis Congresos estatales exijan aumentos presupuestales significativos.
Impacto en la estructura municipal
Aunque el propósito fundamental de la reforma es generar ahorros, el llamado plan B provocará que en al menos 800 municipios del país se incremente de uno a dos regidores. Esto implica un aumento neto de al menos mil quinientos regidores a nivel nacional, contradiciendo el objetivo inicial de reducción del gasto público.
Ante este escenario, diversos senadores —incluidos integrantes de la bancada de Morena— promueven que el dictamen, cuya discusión en comisiones se postergó para este martes, incluya un cambio urgente en dicha disposición para evitar el "efecto rebote" en las finanzas públicas.
Consecuencias en los Congresos estatales
La situación se replica en las legislaturas locales de manera preocupante. Actualmente, dieciséis Congresos estatales reciben un presupuesto por debajo del 0.70% de los egresos de su entidad. Con las nuevas reglas del Plan B, estos estados tendrían el derecho legal de solicitar que sus gobiernos les aumenten los ingresos anuales para ajustarse al nuevo tope, según un estudio detallado de los diputados federales del PAN.
Anoche, los secretarios técnicos de las comisiones unidas informaron que el dictamen se encuentra en "revisión de técnica legislativa", lo que obligó a posponer la reunión formal donde se discutirían estos importantes cambios.
El caso emblemático de Yucatán
Un ejemplo crítico ocurre en Yucatán, estado que recientemente aprobó una reforma para ajustar su número de regidores. Actualmente, cuarenta y ocho municipios tienen un máximo de cinco; a partir de 2027, la cifra subiría a cincuenta y dos municipios con ese límite.
Sin embargo, el plan B ordena desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el mínimo de regidurías sea de siete. Esto obligaría a los cincuenta y dos municipios yucatecos a elevar su estructura de doscientos sesenta a trescientos sesenta y cuatro regidores, invalidando completamente el ahorro local legislado con tanto esfuerzo.
Municipios de Yucatán afectados por el mínimo constitucional:
- Bokobá, Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Cenotillo, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chicxulub Pueblo
- Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzitás, Dzoncauich, Ixil, Kaua, Kopomá
- Mama, Mayapán, Mocochá, Muxupip, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum, Sanahcat, San Felipe, Santa Elena
- Sinanché, Sucilá, Sudzal, Suma, Tahmek, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto
- Tepakán, Teya, Tixmehuac, Tunkás, Uayma, Ucú, Xocchel, Yaxkukul y Yobaín
El ahorro se diluye en dieciséis entidades
De acuerdo con información del PRI, existen al menos setecientos municipios con un máximo de cinco regidores y otros cien con seis. En Aguascalientes, ayuntamientos como Cosío, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá tendrían que aumentar su nómina para cumplir con el decreto federal, generando gastos adicionales no previstos.
El análisis del PAN advierte que el ahorro buscado en ciudades grandes —como Monterrey, que pasaría de veintiocho a quince regidores— se perdería por completo ante el aumento forzoso de plazas en la mitad de los estados del país, creando una situación paradójica donde se gasta más para supuestamente ahorrar.
