El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha emitido nuevas sanciones administrativas contra 39 servidores públicos vinculados con casos de corrupción, irregularidades financieras, abuso de funciones y omisiones graves en diversas dependencias del Gobierno de México, según informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Investigaciones y dependencias involucradas
Las resoluciones son resultado de investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y varios Órganos Internos de Control en instituciones como el IMSS, el SAT, la SEP, la SHCP, el Banco del Bienestar, Pemex, la Guardia Nacional y el Tren Maya, entre otras entidades federales.
Las sanciones impuestas abarcan inhabilitaciones de hasta 20 años, suspensiones temporales, amonestaciones públicas y sanciones económicas multimillonarias, conforme a lo estipulado en la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El caso más grave: CFE
Uno de los expedientes más relevantes corresponde a la CFE, donde el TFJA ordenó la inhabilitación por 20 años de Roberto V., Alberto M. y José Q., además de una sanción económica solidaria superior a mil 192 millones de pesos. La investigación determinó que estos funcionarios participaron en la contratación de 82 mil optimizadores de tensión considerados innecesarios para el suministro eléctrico nacional en 2017. Asimismo, Francisco D., exfuncionario de la Dirección Corporativa de Operaciones, fue inhabilitado por 10 años. Este caso representa una de las sanciones económicas más elevadas impuestas recientemente en el sistema administrativo federal mexicano.
Sanciones en IMSS, SAT y Banco del Bienestar
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sancionó a funcionarios por irregularidades administrativas y negligencia médica. Entre los casos más delicados destaca la inhabilitación de una trabajadora de la Unidad de Medicina Familiar de Tepic, Nayarit, por brindar un tratamiento inadecuado a un menor que derivó en su fallecimiento. También se registraron sanciones por expedición irregular de incapacidades médicas, incumplimientos administrativos y manejo indebido de funciones públicas.
En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se impusieron suspensiones por emisión extemporánea de créditos fiscales, contratación sin autorización presupuestal y uso indebido de sistemas institucionales relacionados con constancias fiscales. Por su parte, en el Banco del Bienestar se detectaron casos de conciliaciones bancarias con información falsa y retiros realizados sin autorización de titulares de cuentas en sucursales de Oaxaca y Tabasco.
Otras irregularidades detectadas
Las investigaciones alcanzaron a funcionarios de la SEP, SHCP, Asipona Manzanillo, Profeco, CNBV, Finabien, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Entre las irregularidades detectadas se encuentran: doble percepción de salarios y honorarios, depósitos irregulares a cuentas personales, pagos autorizados sin entrega completa de insumos, omisiones en entrega-recepción de cargos, faltantes de dinero en caja, uso indebido de contraseñas institucionales, derrames de combustible, y faltas de respeto o agresiones a ciudadanos y compañeros de trabajo.
Uno de los casos más sensibles corresponde a elementos de la Guardia Nacional, sancionados por entregar constancias académicas sin validez para procesos de permanencia y portación de armas.
Postura de la Secretaría Anticorrupción
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que todas las sanciones fueron determinadas conforme a criterios de legalidad, proporcionalidad y gravedad de las conductas investigadas. La dependencia recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, aunque aseguró que defenderá jurídicamente cada expediente “con firmeza”, respaldada en evidencia documental y técnica. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción a través de la plataforma oficial de denuncias del Gobierno federal.
Combate a la corrupción como eje del gobierno
Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de fortalecimiento institucional contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, centrado en principios de legalidad, ética pública, transparencia y rendición de cuentas. La publicación de sanciones administrativas busca enviar una señal política sobre el seguimiento a investigaciones internas y la vigilancia de recursos públicos en áreas estratégicas del Estado mexicano.
Especialistas en administración pública consideran que la difusión de estas resoluciones fortalece los mecanismos de control institucional, aunque advierten que la efectividad del sistema anticorrupción dependerá también de la ejecución de sanciones, la recuperación de recursos y la prevención de nuevas irregularidades.
